09 ene. 2026

Ratifican juicio oral contra Armando Javier Rotela por mortal motín durante el Operativo Veneratio

El Tribunal de Apelación Penal confirmó que el líder del Clan Rotela, Armando Javier Rotela, debe enfrentar juicio oral y público a raíz de los hechos ocurridos durante el Operativo Veneratio, en diciembre del 2023, cuando los policías y militares retomaron el control del Penal de Tacumbú.

Armando Javier Rotela.jpg

A juicio. Armando Javier Rotela en uno de los juicios, donde fue condenado a 19 años de prisión más 8 años como medida de seguridad.

Foto: Archivo ÚH

Los camaristas José Agustín Fernández, Delio Vera y Bibiana Benítez Faría declararon inadmisible el estudio del recurso porque fue presentado fuera del plazo que tenía la defensa para promover la apelación.

La abogada Daniela Cuevas, en representación de Armando Javier Rotela, había planteado recurso de apelación general en contra de la resolución del 21 de mayo pasado dictada por la juez de Garantías, Yoan Paul López, quien elevó el caso a juicio oral.

La defensa había presentado recurso de apelación el pasado 30 de mayo, cuando había sido notificada el 21 de mayo de la resolución dictada por el magistrado. Con ello, la presentación se realizó fuera del plazo de 5 días hábiles que tenía.

Los magistrados hacen un conteo de los plazos y señalan que la abogada tenía hasta el miércoles 28 de mayo para recurrir el fallo, pero lo presentó dos días después, ya fuera del plazo, por lo que lo declaran inadmisible para su estudio por extemporáneo.

Lea más: Veneratio: Líder del Clan Rotela y otros irán a juicio por motín en Tacumbú

De esta manera, queda firme la resolución que elevó el caso a juicio oral contra los principales acusados en el proceso iniciado tras el operativo que significó la “recuperación del control” de la cárcel de Tacumbú.

En el caso, están acusados el conocido Armando Javier Rotela, líder del Clan Rotela, y otros reclusos ligados al grupo. Entre ellos están Milciades Giménez Prieto, alias Paku’i; César Ramón Ortiz Sosa, alias Gordito Lindo; Miguel Ángel Sarabia Medina, Lucas Ramón Duarte Rolandi, Óscar Ariel Cabello Azcona, Arcenio Erico Alvarenga Sosa y Alan Ricardo Caballero.

Todos ellos están procesados por supuesto motín de internos, violación de la Ley de Armas y asociación criminal, a raíz del traslado de más de 700 presos que se realizaba en el Penal de Tacumbú el 18 de diciembre del 2023, donde se reportaron enfrentamientos que dejaron como saldo 12 muertes, la de 11 reclusos y un agente policial.

Más contenido de esta sección
Las víctimas de la mafia de los pagarés consideraron como “solo un pequeño alivio” la nueva ley para suspender embargos y exigieron una investigación como crimen organizado, ya que el mismo Estado “reconoció la existencia de la mafia”.
El presidente de la República Santiago Peña promulgó la ley N° 7614 de saneamiento de juicios ejecutivos irregulares que será transitoria por dos años, se creó para corregir violaciones durante los procesos, especialmente en las causas conocidas como la mafia de los pagarés.
Funcionarios del Senave, junto con personas ajenas a la institución, exigían a importadores sumas millonarias en concepto de “colaboración” o “gratificación por celeridad” para expedir el certificado que habilita la importación de tomates, papas y cebollas. Si bien el trámite tenía un costo oficial de G. 17.715, los solicitantes debían pagar hasta G. 10 millones. Por el hecho están acusados Pastor Emilio Soria, ex titular del ente; el ex intendente de Lambaré Roberto Cárdenas, entre otros.
Desde noviembre, la recusación presentada contra la fiscala Liz Medina en la causa de la jueza de Paz Norma Ortiz no se resuelve, por lo que el caso está trabado. La agente fue asignada para investigar el presunto esquema de la mafia de pagarés dentro del Juzgado de Luque. El caso saltó a luz tras una auditoría de la Corte, que confirmó irregularidades en los juicios.
Ante las denuncias de supuestos pedidos de coimas para agilizar la expedición de los documentos, la Policía Nacional insta a la ciudadanía a informar los casos de corrupción para investigar y sancionar.
Un análisis de 200 causas permitió establecer una caracterización aproximada de uno de los hechos más denunciados a nivel país. El 37% de los casos fueron víctimas de entre 30 y 45 años.