La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados incorporó 17 puntos a tratar en la sesión ordinaria del martes 8 de setiembre, con varios temas que se arrastran en la agenda debido a que los legisladores abandonan sus bancas y dejan sin cuórum el pleno.
En el primer punto figura la designación de cinco diputados para integrar la Comisión Bicameral encargada del estudio del Informe y dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) sobre el informe financiero del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) correspondiente al 2025.
El documento fue presentado el lunes pasado por el contralor Camilo Benítez, quien al día siguiente confirmó su reelección en medio de una fuerte tensión entre cartistas y opositores.
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Entre los proyectos que aguardan desde hace tiempo su estudio se encuentra la objeción parcial al producto de Ley 7653 del Ejercicio Profesional de la Radiología.
Las objeciones apuntan contra la reducción a la carga horaria de los turnos, el aumento de los descansos profilácticos por exposición a radiaciones y el nuevo régimen de la jubilación ordinaria que en su aprobación previa –en ambas cámaras del Congreso– tuvo su fundamento porque los profesionales están en constante contacto con material peligroso que los pone bajo riesgo.
El veto fue aceptado por la Cámara de Senadores y su estudio en la Cámara de Diputados acumula postergaciones. Si continúa la rabona, podría tener sanción automática el 10 de octubre.
Padres morosos
En la agenda del martes figuran dos proyectos relacionados con la pensión alimentaria para hijos menores. Luego de varias oportunidades, fue aprobada en general el 31 de agosto la propuesta que modifica la ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios (Redam).
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De las diez comisiones que debían analizar el documento, solo Niñez y Adolescencia emitió un dictamen y, en ese sentido, recomienda su aprobación con modificaciones. El proyecto facilita los trámites para registrar a los padres morosos y endurece los castigos, ya que los infractores no podrán siquiera renovar su licencia de conducir, tampoco podrán casarse o salir del país mientras persista la deuda.
El acceso a pasaportes, así como a cargos públicos y electivos estará bloqueado. Se establece además la posibilidad de condena en costas procesales y reparación de daños materiales y morales ocasionados por el incumplimiento deliberado de la obligación alimentaria, cuando así lo determine la autoridad judicial competente.
La Ley Memby –que también fue aprobada en general en la sesión anterior luego de ser postergada en varias ocasiones– aún debe ser estudiada en particular. La iniciativa estandariza el cálculo de los jornales mínimos que aplican los diferentes juzgados y da la potestad de retener hasta el 50% de los ingresos de los padres morosos sin necesidad de recurrir a otro proceso de ejecución.
