En el marco de la serie de audiencias públicas de candidatos a defensor del Pueblo y defensor adjunto del Pueblo, este jueves expusieron 10 postulantes, quienes criticaron el funcionamiento del Estado en cuanto a cumplimiento de derechos, principalmente para los sectores vulnerables como niños, adultos mayores y otros.
Las audiencias se realizan los lunes y jueves y están a cargo de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. En total son 67 candidatos que terminarán de exponer sus propuestas este mes.
Posteriormente, se realizará el filtro para eliminar a quienes no cumplen con los requisitos y la lista será enviada al pleno, que deberá elegir las dos ternas, hasta octubre, que a su vez serán remitidas a Diputados para la selección final de defensor titular y adjunto, que debe resolverse en noviembre.
Uno de los candidatos fue Óscar Delgado Argüello, abogado, notario y escribano público, quien es funcionario de la Cámara de Diputados, y se desempeña como asesor de la diputada cartista Jazmín Narváez. También es presidente de seccional.
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Sostuvo que la Defensoría debe estar en la calle y además trabajar de cerca con los legisladores para conectar con la gente. Igualmente, indicó que el presupuesto para la institución es muy bajo, de solo G. 19.000 millones.
Del mismo modo, cuestionó la gestión actual de la Defensoría, porque no asistió en los asuntos más relevantes de los últimos meses, como fue la crisis en salud pública. “El defensor del Pueblo tenía que estar con los médicos en la calle”, dijo con referencia a la movilización de los trabajadores de salud que reclaman mejores condiciones.
Delgado defendió ser activo en su partido político porque eso le muestra de cerca dónde se vulneran los derechos humanos. “Tal vez mi trayectoria política, de ser actualmente presidente de seccional, trae cuestionamientos, como me dijo un senador; yo no lo veo así, lo veo como mi vida política o mi foja de vida, porque gracias a mi día a día en la calle, sé dónde le pisa y le duele a cada una de las personas, creo que la política es vida, es lucha, la lucha es vida, y quien abandona la política, abandona la lucha y la vida”, manifestó.
Por su parte, la abogada, licenciada en Trabajo Social, notaria y escribana pública y docente universitaria Olga Paredes comentó que es muy necesario dinamizar la institución que está sumida en burocracia.
Resaltó que es momento de que, por primera vez, los dos cargos que serán elegidos sean ocupados por una mujer, como señal de renovación. De la misma manera indicó que es muy importante que la juventud esté representada, porque este sector es mayoritario en Paraguay.
Como una de sus propuestas, hizo hincapié en el programa de objeción de conciencia que debe ser fortalecido para que los que se adhieren cumplan con un servicio a la sociedad. Afirmó además que la Defensoría del Pueblo debe estar en territorio y conectar con escuelas, instituciones, sindicatos y sobre todo, con organizaciones de la sociedad civil.
Paredes destacó que forma parte del Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), lo que fue celebrado por el senador cartista Javier Zacarías Irún, para demostrar que el proceso es plural y democrático. También por la senadora cartista Lizarella Valiente, que aseguró que es irrelevante de qué partido sean los candidatos, porque las instituciones deben funcionar sin distinción de colores.
Uno de los candidatos, el abogado, notario y docente Virgilio Benítez Rojas, sostuvo que los amparos que patrocina la Defensoría Pública para el acceso a medicamentos no puede ser la única forma de que se cumpla el derecho a la salud, y que la institución debe trabajar en prevención junto con el Ministerio y el IPS, mediante una mesa de diálogo y alerta temprana de desabastecimiento. También indicó que debe haber una Defensoría itinerante en hospitales.
Su principal crítica fue que el defensor del Pueblo no haya estado presente en el caso del ex gobernador Hugo Javier González, quien fue agredido en una penitenciaría y terminó en terapia intensiva, sin recursos para sostenerse.
El abogado Carlos Alberto Benítez Martínez, funcionario de la Defensoría del Pueblo, manifestó que la institución trabaja constantemente con personas que piden amparos para conseguir medicamentos y en los últimos dos años gestionaron 1.600 casos.
El abogado Alexis María Báez Figueredo, actuario judicial del fuero penal en el Departamento Central, en J. A. Saldívar, dijo que la Defensoría debe estar también en el interior del país.
A su vez, Alice Riveros Caballero, abogada, notaria y escribana pública, quien actualmente es defensora pública, indicó que la institución necesita tecnología para que haya menos burocracia, porque “la justicia que llega tarde no es justicia”.
El abogado Rolando Daniel Martínez destacó como debilidad los salarios muy bajos de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, y el escaso presupuesto.
Se presentaron además el abogado Orlando Castillo Caballero, el licenciado en Marketing Miguel Gómez y la abogada Inés María Reimunda Cortesi Rojas.
