16 feb. 2026

“Queremos terminar el Gobierno en el año 2028 con 50.000 policías”

33751776

El trabajo. “El patrullaje es permanente”, dijo Óscar Pereira, ante la inseguridad latente.

RENATO DELGADO

@lizanaliapy

El viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior, Óscar Pereira, en entrevista con ÚH habló del enfoque de aumentar la capacidad de los policías en las calles, para lograr una “policía de cercanía”, renovando todo el sistema de radiocomunicaciones.

–¿Cómo se trabaja desde el Viceministerio de Seguridad Interna?

–Nosotros asumimos en este cargo en agosto del 2023 con una expectativa y con unos recursos de la Policía que eran en ese momento escasos. El ministro del Interior lideró un plan de modernización de la Policía junto con el comandante de la Policía.

El Ministerio cuenta con dos viceministerios. El de Seguridad Interna, a mi cargo, y el de Asuntos Políticos. Entonces, nuestro trabajo enfocamos en la seguridad ciudadana y a la vez la gobernabilidad democrática.

–Cuál es la capacidad hoy de la Policía?

–En el 2023, la Policía contaba con un máximo total de 28.000 efectivos policiales en promedio, esa era la fuerza activa, pero los destinados al área de prevención eran aproximadamente 22.000 y en dos turnos de 24 horas, solamente tenía máximo 11.000 policías cubriendo la prevención. El resto eran de unidades de inteligencia, unidades de investigaciones, los servicios de sanidad y otros servicios administrativos.

Entonces, lo primero que se tomó en cuenta fue la decisión de aumentar las capacidades operativas de la Policía, aumentar las capacidades del Lince, que cuando se asumió tenía solamente 150 motocicletas prácticamente sin recursos de mantenimiento.

El Gobierno de Taiwán donó 600 motocicletas que sacamos a las calles, 600 motocicletas con 1.200 operarios linces.

Luego, en esos años anteriores, la formación de oficiales duraba cuatro; dos años en el Colegio de Policía que funciona en Capiatá. Ingresaban 1.000 y después de dos años egresaban menos. Entonces, la Policía incorporaba casi 1.000, pero al año por baja o retiro, salían 800, entonces no había un aumento sustancial.

Entonces, se decidió formar 5.000 policías por año. Y en diciembre de 2024 egresó la primera promoción de 5.000 policías y en diciembre del año pasado otros 5.000. Eso hizo que aumente la capacidad operativa de la Policía.

O sea que desde que asumimos en el 2023 con 28.000 a hoy, la Policía cuenta con casi 39.000 efectivos policiales.

Y también, tras un convenio con Itaipú para invertir en seguridad, ya se incorporaron 600 patrulleras, 1.000 motocicletas, 10.000 chalecos antibalas y se está renovando todo el sistema de radiocomunicación.

–¿Cuál es el impacto del aumento de policías?

–La mayor presencia policial incidió en la disminución de las denuncias en comparación con años anteriores. La mayor presencia policial es más disuasiva. En ese sentido, la Policía tuvo la capacidad operativa de cubrir los grandes eventos que tuvimos en los últimos años, en que tuvimos una conferencia mundial de la Unesco, la asamblea general de la FIFA, la final de la Copa Sudamericana, el desarrollo de los Juegos Panamericanos, el Rally. Todos esos eventos grandes se desarrollaron sin ningún tipo de incidentes.

–¿Cómo enfocan en las zonas vulnerables, focos de mayor inseguridad?

–La parte de operatividad justamente estamos trabajando con los linces. Se implementó el Botón Lince, que está dentro de la aplicación de Portal Paraguay, donde uno ingresa con sus datos y puede activar. Se hizo el lanzamiento en la ciudad de Asunción, pero luego va a ir extendiéndose a otras ciudades.

El Botón Lince es una aplicación de teléfono donde vos oprimís un botón de pánico y el lince que tiene el equipo recibe la señal de alarma y tiene el GPS y puede acudir al lugar de donde está emitiendo.

–La percepción ciudadana de inseguridad sigue alta, ¿qué se le responde a eso?

–Es muy relativo ahora, porque la intención es darle respuestas. Contra la sensación es difícil prever lo que sigue. Los números dan cuenta que las denuncias bajaron. El patrullaje es permanente, porque lo que las personas quieren ver es policías.

La proyección es que para cuando este Gobierno termine en el 2028, dejemos 50.000 policías y ahí la gente va a ver un policía en cada esquina.

Anteriormente pueden decir que no había patrullera, ahora hay patrulleras y la Policía también tiene su plan de trabajo operativo, cada comisaría tiene sus lugares críticos de interés.

–Ahora, con relación a los grupos como el PCC, Comando Vermelho, ¿cuál es el nivel de impacto que tiene todavía?

–La presencia del PCC y Comando Vermelho no es una presencia activa. Sí se encuentran lo que serían los llamados soldados, pero tenemos convenios con Brasil donde los extranjeros que ingresan al país y no tienen su ingreso legal, son inmediatamente expulsados. Eso se trabaja con Migraciones.

Incluso con el Ministerio de Justicia se hizo la intervención de Veneratio en el 2023. Eso si causó un impacto una dimisión bastante, porque se descabezó (el Clan Rotela) y hay muchos de estas pandillas que se autoidentifican ser parte del clan Rotela para tener cierto estatus, pero tampoco realmente son del clan. Pero como estructura criminal, el trabajo preventivo es permanente, el trabajo investigativo es a diario.

–Entonces, ¿ya no hay hoy una estructura criminal fuerte en nuestro país?

–Podría decirse que no. Pandillas podrían haber, pero no una estructura criminal que podría afectar el normal desenvolvimiento de las actividades.

–Cambiando de tema, ¿qué cambios estructurales se están haciendo para el combate de la corrupción dentro de la Policía?

–Vamos a referirnos a Canindeyú, con dos situaciones que ocurrieron en los últimos años, en el sentido de que la Senad hizo dos intervenciones donde denunció que se movilizó cargas de marihuana de un punto a otro. Y en esas dos situaciones la Policía abrió el sumario y le desplazó a todo el personal del itinerario desde el origen supuesto hasta el destino. Y eso está bajo investigación.

Y ahora, para ocupar ciertos cargos se le somete privadamente a la prueba que se le conoce como polígrafo, que su término oficial es Confiabilidad e Integridad. El control es permanente ante la primera denuncia se desplaza personal de asuntos internos para abrir investigaciones

La nueva Ley Orgánica 7280 otorga muchos beneficios a la Policía, pero tiene más exigencia para los ascensos. Los controles disciplinarios son más exigentes en el sentido de que el asunto interno se convirtió en Dirección General y todas las denuncias tienen que ser respondidas. Impunidad cero es la política, la denuncia no va a quedar archivada, sino que se va a dar proceso y si tiene mérito la investigación se le va a sancionar en la Justicia Policial o si ahí se encuentra otra situación va a pasar a la Fiscalía para que haga un proceso penal correspondiente.

Son pasos lentos, pero la voluntad es mejorar la Policía, mejorar las capacidades, una nueva ley orgánica, aumentar su fuerza efectiva. Se le está dotando de movilidad con avionetas, patrulleras, motos, chalecos antibalas, las radiocomunicaciones.

Es un proceso quizás lento para las necesidades y para las urgencias, pero la voluntad es de dejar una Policía profesional, una Policía que tenga respeto a todas las leyes y realmente un respeto irrestricto a los derechos humanos.

El patrullaje es permanente porque las personas quieren ver policías. La proyección al terminar este Gobierno es dejar 50.000 policías y la gente va a ver un policía en cada esquina.

La nueva Ley Orgánica tiene más exigencia para los ascensos. Impunidad cero es la política, la denuncia no va a quedar archivada, sino un proceso y, si tiene mérito, se le va a sancionar.

Óscar Pereira

Es comisario general inspector retirado de la Policía Nacional, actual viceministro de Seguridad de Seguridad Interna del Ministerio del Interior. Fue director general de Inteligencia de la Policía, director del Centro de Seguridad y Emergencias 911, director de la Policía de Amambay y Caaguazú y jefe del Departamento de Inteligencia.

Más contenido de esta sección
El Tribunal de Apelación Penal ratificó el fallo de la jueza de Ejecución María Lidia Wyder, que rechazó el pedido de tutela jurisdiccional a favor de José Alberto Insfrán, conocido como Pastor Insfrán, uno de los acusados por el caso A Ultranza Paraguay, hermano de Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico. Seguirá recluido en la Penitenciaría de Máxima Seguridad “Martín Mendoza”, de Emboscada.
La segunda recusación consecutiva contra el juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia volvió a suspender la audiencia preliminar en otra de las causas conocidas como la mafia de los pagarés, en este caso respecto de dos procesados por el Juzgado de Paz de Recoleta. Señalan que el magistrado intentó realizar la audiencia pese a haber concedido la apelación subsidiaria.
El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú dispuso la reapertura de la causa y fijó para marzo la audiencia preliminar de los seis acusados por el presunto desvío de más de G. 2.808 millones de la Caja de Jubilaciones del Personal Municipal. La medida se adoptó a pedido de representantes del Ministerio Público.
El vocero de los gremios judiciales sostiene que los mentores de modificar la ley de la Caja Fiscal no se imaginaron este escenario. Explica que el cambio del sistema jubilatorio debe ser de forma paulatina.
Las indignidades del encierro de presos considerados “olvidados” facilitan el reclutamiento a grupos criminales, advierte experto en Derechos Humanos. A eso se suma la corrupción de funcionarios de Justicia.