El camarista Jorge Rafael Barboza, vocero de los gremios judiciales en el tema de la modificación de la Caja Fiscal, señaló que el cambio debe ser gradual, y no de la manera en la que lo está realizando el Ministerio de Economía y los congresistas.
–¿Cuál es la posición de la familia judicial sobre modificar la Caja Fiscal?
–La posición que desde un inicio tuvimos fue de apertura. Nosotros consideramos que tenemos derecho a la participación y a la construcción en el proyecto de reforma de la Caja Fiscal. No estamos cerrados a eso. Somos conscientes de la situación económica de la Caja, pero nos vemos en la necesidad de poder aportar a este proyecto dado nuestro carácter, valga el juego de palabras, de aportantes. Ese dinero nos vienen descontando a nosotros hace mucho tiempo y, por ende, queremos señalar algunas precisiones, porque en este proyecto algunos derechos se han avasallado. No haber generado una gradualidad en el mecanismo de jubilación de magistrados está ocasionando hoy en día, una salida masiva de colegas.
–¿Hubo temor?
–El temor a este cambio de reglas de manera tan intempestiva genera mucha incertidumbre, una cuestión que ya habíamos señalado anteriormente. Y esto es más pernicioso económicamente para la Caja Fiscal. Acá lo que tenemos que buscar es un mecanismo para que la gente pueda ir jubilándose de manera paulatina y no de golpe, porque probablemente el déficit económico de la Caja Fiscal en general ahora se vaya a profundizar más con esto. Entonces, lo que buscamos es su participación respecto a ciertos puntos en concreto que ya hemos presentado y ahora tenemos un poco más de tiempo para poder generar una propuesta un poco más concreta, digamos.
–¿Son cuatro los puntos que ustedes cuestionan?
–Sí, realmente hay más puntos, pero queríamos centrarnos en esos cuatro. Primero, el establecimiento de un mecanismo de gradualidad jubilatoria, respetando los derechos de aquel que ya tiene ciertos años de aporte a la Caja, para generar un mecanismo transitorio especial. El segundo punto es el no tratamiento como Caja deficitaria al Poder Judicial. ¿Por qué señalamos esto? Porque en la propia página web del Ministerio de Economía y Finanzas se observa que desde el año 2011 hasta el 2023 la Caja no tuvo déficit. Al contrario, tuvo superávit de G. 400.000 millones al año.
A partir del 2024 y el 2025 hubo un ínfimo déficit que generaron G. 82.000 millones. Es decir, si sumamos el superávit y restamos el déficit, continúa el superávit. No entendemos la razón por qué tenemos que mirar únicamente los últimos dos años, donde fue apenas 1,5 el déficit de esta Caja Fiscal en relación con otros segmentos.
–Con esa calificación de deficitario no pueden retirar aportes...
–Esa es una cuestión y, en segundo lugar, se nos aumenta un 3% el aporte salarial que, en otros términos, es un descuento de salario, o sea una disminución salarial unilateral. Son cuestiones que realmente creemos que este proyecto, al no tener participación, omitió cuestiones elementales. No contempló el núcleo de la carrera judicial y, tampoco, reitero, generó un mecanismo de jubilación paulatina y ordenada.
–¿Perdón, el tercer punto?
–Sí. El tercer punto refiere a la no derogación del artículo cuarto del Decreto 23/54, que reconoce los aportes de aquel magistrado en el tiempo que haya prestado funciones en carácter de funcionario.
–¿El dos por uno?
–Así es. Sabemos que para llegar al cargo de magistrado, si vamos a respetar la carrera judicial, previamente uno tuvo que haber ejercido ciertos cargos, de dactilógrafo, ujier notificador, auxiliar, lo que fuera. Entonces, al derogarse ese artículo como lo hizo (la Cámara de) Diputados, quedamos realmente en una situación de absoluta desprotección. Y también, como último punto, señalar las tasas de sustitución. El proyecto que en Diputados se sancionó tiene un error de nomenclatura porque le llaman jubilación ordinaria, aquel ya que con 57 años y apenas 70% uno se puede jubilar. Eso es sumamente extraordinario. No es ordinario. Y, por supuesto, pues con unas tasas que son sumamente perjudiciales para nosotros, los aportantes. Entonces, también en ese aspecto vamos a formular nuestros reparos al Ministerio de Economía y a la Cámara de Senadores, señalando la carencia de proporcionalidad de vida en esa tasa de sustitución para la magistratura.
–¿Hablan de medidas también, incluso cese de actividades?
–En el transcurso de los últimos años no se ha visto tanta efervescencia como hay ahora. Realmente una preocupación a nivel nacional. Creo que aquellos mentores de esta norma y de la forma en la que iban a aprobar esta ley se encontraron con una realidad diferente. Supusieron que no se iba a reaccionar y se está reaccionando de una manera única. No solo el gremio de magistrados, sino los demás gremios. Entonces, esto lleva a una situación en la que los operadores judiciales están irritados y esa cuestión genera rebeldía. La gente no va a acatar pacíficamente un cambio unilateral de condiciones de jubilación. Esos categóricos ya se han demostrado en la plaza el martes pasado. Entonces, en aras de la paz social, conviene para bajar de nuevo, parar un ratito, convocar a todos, escucharnos, hacer recíprocas concesiones y con base en eso llegar a acuerdos satisfactorios. No se descarta esta medida. Ahora creo que los gremios van a analizar esto el día martes y una decisión colectiva de que en las asambleas han de tomar, pero, por primera vez, surgió esa idea de que todo el andamiaje operativo judicial pueda tener un paro. El sindicato de funcionarios se ha plegado a esto y, por ende, todas las asociaciones afectadas que estamos en esto también van, repito, a analizar esa posibilidad.
–¿Incluso los defensores públicos y los fiscales?
–También para ellos y los actuarios judiciales también, por supuesto. Porque estamos, o sea, todos los operadores judiciales que están regulados por el Decreto 23/54 principalmente.
–Es innegable que hace falta la reforma judicial, ¿qué plantean ustedes?
–Por supuesto que sí se tiene que modificar. Sin lugar a dudas. Ahora, esa modificación no puede ser brusca, como está haciendo ahora con el proyecto. Acá se prolonga 12 años la jubilación del magistrado, porque realmente con 62 años recién uno podría jubilarse con creo que el 80% del salario. O sea, los cambios no son graduales. Y quizás el Estado tenga que replantear la situación y analizar una salida mucho más pacífica y, como dijimos, paulatina. El hecho de que se establezcan estas condiciones unilaterales por parte del Ministerio de Economía, no han generado el clima político, el clima social más favorable, como ya lo hemos visto. Por algo Senadores aplazó el tratamiento. Entonces, principalmente señalar eso que es fundamental, que ese cambio no tenga la manera brusca con la que se está llevando ahora.
