Veinte mujeres muertas como consecuencia de la violencia machista desde el inicio de este 2026 deben constituir un llamado de atención. Resultan inútiles los discursos y las excusas, pues, ante esta epidemia de violencia, no bastan las promesas de elevadas penas de cárcel para los feminicidas cuando desde el mismo poder del Estado no se promueven la igualdad y el respeto a las mujeres.
Nada ha cambiado desde el mes de enero de este 2026. En las primeras dos semanas del nuevo año, la sociedad había quedado conmocionada con seis feminicidios. Desde entonces, hubo otras 14 muertes de mujeres. La joven Deisy Paola Giménez ocupa hoy el número 20 en una lista que debería avergonzar a todos los poderes del Estado paraguayo.
No basta con lamentar las muertes o con el discurso de que Deisy era una joven promesa que vio truncados sus sueños, si no observamos el panorama completo.
En horas de la noche, Deisy Giménez iba caminando rumbo al minimercado donde trabajaba cuando fue emboscada por su ex pareja Aldo Duarte. El hombre manejaba un vehículo color blanco y paró en plena calle, bajó y comenzó a perseguirla con un arma en la mano y, a pesar de sus pedidos de auxilio, la joven recibió tres disparos. Su cuerpo quedó abandonado en la vereda.
Pocos días antes, Daisy había denunciado a su ex pareja y pidió protección a la Justicia, obtuvo una orden de alejamiento del Juzgado de la ciudad de Capiatá, pero no sirvió para salvar su vida.
Cuando se habla del tema de la violencia contra las mujeres, uno de los ejes es la motivación a que se realice la denuncia correspondiente. Las denuncias se pueden hacer en la fiscalía o en un Juzgado de Paz, y quien lo precisara debería tener la confianza en toda autoridad, sea en una comisaría o incluso en un hospital público. Sin embargo, esto no funciona así y para las mujeres que están viviendo en el horror de un círculo de violencia hacer la denuncia es un gran paso y muy difícil de hacer. El problema es que nuestro actual sistema tampoco lo facilita, pues pocos funcionarios y las funcionarias del gigantesco Estado están capacitados para ello.
No es una excusa, pero difícilmente un pálido y casi intrascendente Ministerio de la Mujer pueda lograr avances. Para ello serían necesarias políticas de Estado transversales, compromiso y continuidad, lo que en nuestro país es imposible, pues con cada nuevo gobierno, incluso del mismo Partido Colorado, siempre pesa más la confianza partidaria sobre la eficiencia y la capacidad.
Cada muerte nos recuerda todo lo que no se hace a nivel de Estado para cambiar la realidad. Datos de una encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) revelaban que el 78,5% de mujeres de 18 años y más pasaron por algún tipo de violencia, al menos una vez a lo largo de su vida.
Se debe reconocer también la violencia que está presente en el día a día, y está normalizada. Si se permite que un diputado siga agrediendo a sus colegas mujeres o a periodistas que hacen cobertura en el Congreso Nacional y eso no tiene consecuencias; o cuando se promueven campañas que niegan la igualdad de las mujeres e incluso promueven el retroceso de sus derechos.
La educación es una pieza fundamental para lograr un cambio, para avanzar hacia una sociedad sin violencia, y en la que se reconozca a las mujeres como personas, con derechos y dignidad. Recordemos que la Ley 5777 en su artículo 13 plantea incorporar la perspectiva de igualdad de derechos del hombre y de la mujer, la no discriminación, el respeto a los derechos humanos y la formación en la resolución pacífica de conflictos en la currícula educativa en todos los niveles, incluidas las escuelas superiores de formación docente y técnica, para contribuir a una cultura de respeto en el ámbito familiar, comunitario, escolar, laboral y social, como una práctica diaria. Así como también incluir en los planes de formación y actualización docente la detección precoz de la violencia contra las niñas y mujeres, y los protocolos para el abordaje de la problemática.
Para cambiar la cultura machista se deberá combatir desde varios frentes, no solo el hogar, la educación es fundamental, y con instituciones del Estado que realmente cumplan con su función. Esto solo será posible con funcionarios mejor capacitados y estructuras que ofrezcan respuestas eficientes. Necesitamos compromiso para construir una sociedad respetuosa con todos sus miembros, y capaz de reconocer a todos derechos y dignidad.
