La Constitución Nacional determina que la conducción de las Comunas del país estará a cargo de un intendente y una Junta Municipal, los cuales serán electos por el voto directo. Si bien es cierto que sus funciones son diferentes, pues un intendente debe ejecutar obras mientras la Junta debe legislar y fiscalizar al Ejecutivo, no se deben soslayar los deberes y las responsabilidades de los concejales.
Como publicaba Última Hora, sostener la Junta Municipal de Asunción le cuesta cada año a los vecinos G. 82.000 millones; con 1.121 funcionarios, entre nombrados, jornaleros, contratados y concejales electos, la Junta demanda G. 6.851 millones (USD 1,2 millones) cada mes, la cifra incluye sueldos y bonificaciones varias.
Según la planilla de sueldos, quienes se llevan gran parte de los recursos son los “asistentes”, y de ellos hay 464. En el segundo lugar están los 103 jefes de comisión, de departamentos y de unidad, que requieren cerca de G. 868.273.011 al mes por sueldos y bonificaciones. Y, en tercer lugar, se hallan los 24 concejales electos que cobran individualmente G. 28.188.610. Los concejales, además de sus sueldos, reciben vales de combustible.
En la Junta Municipal hay comisionados, asesores, secretarios, jueces guardias, operativos, notificadores, limpiadores, técnicos y ujieres. La lista se completa con varios cargos más: nutricionistas, psicólogos, dentistas, enfermeros, entre otros. Según la planilla de sueldos, hay 534 nombrados, 324 jornaleros y 203 contratados.
Respecto a esta información, nuevos concejales dieron su opinión.
La concejala electa Noelia Díaz, del Partido País Solidario, se refirió a los vales de combustible: “Los beneficios extras, definitivamente, para mí, tienen que desaparecer, cualquier persona cobra su salario y se encarga de su transporte y de lo que tenga que pagar”. Asimismo agregó que hay concejales que no merecen este salario. “Ni siquiera vienen, no salen a la calle, no legislan, no controlan; hay muchos concejales del periodo anterior que son prácticamente planilleros”.
Otro concejal, Mauricio Maluff, del Partido Demócrata Progresista, indicó que no solamente los gastos salariales, sino que todos los de la Junta y de la Municipalidad “se deben revisar”; porque dada la situación económica de la Municipalidad, no se puede pedir austeridad y al mismo tiempo mantener los mismos beneficios.
Ambos, Ejecutivo y Junta Municipal tienen la responsabilidad respecto a la gestión de la administración. En el caso específico de la capital del país, pocas voces se han alzado desde la Junta para denunciar y reclamar el estado de abandono de la ciudad.
Las obras de desagüe que avanzan muy lentamente, y que corren el riesgo de quedar sin financiación y que supone un grave inconveniente para los vecinos de estos barrios; basura acumulada en las calles y el pésimo estado de los mercados municipales y la Estación de Buses de Asunción (EBA).
Todo ello evidencia no solo una mediocre gestión, sino que una complicidad de la Junta con la Intendencia, sabiendo que en estos últimos años han venido aprobando balances de la administración de Nenecho Rodríguez, prácticamente sin discusión.
Recordemos que el informe final del interventor Carlos Pereira confirmó que la administración de Óscar Nenecho Rodríguez desvió masivamente los recursos de los bonos G8 para cubrir salarios, gastos corrientes y deudas municipales, cuando que dichos recursos debían estar destinados a obras de desagüe pluvial. Según su reporte, más del 80% del dinero fue utilizado para fines prohibidos por ley, dejando al descubierto un esquema de bicicleteo financiero con reposiciones parciales y sin respaldo documental.
Pocas dudas caben de que una de las principales razones que sostiene la corrupción es la impunidad. Un informe del Observatorio de Causas Emblemáticas del Poder Judicial señalaba el año pasado que, en cuanto a la corrupción pública, en Paraguay hay 32 casos contra intendentes y 6 contra gobernadores. De los cuales, solo uno se encuentra en prisión: Samuel González, ex intendente de Arroyito, sentenciado a cinco años de cárcel por lesión de confianza y uso de documentos no auténticos.
Los municipios deberían ser el gobierno más cercano a los vecinos y a sus necesidades, y lamentablemente no es así. Por eso, fue oportuno el llamado del cardenal Adalberto Martínez, arzobispo de Asunción, a las autoridades electas; les dijo que pongan atención a las necesidades reales de la ciudadanía y administren con honestidad y transparencia los recursos públicos; que escuchen a los barrios, atiendan a los más necesitados y mejoren los servicios y las condiciones de vida de las familias.
