El 2023 ha sido un año político por excelencia. Por las elecciones presidenciales, que ratificó la vigencia del Partido Colorado que mantuvo el poder y que internamente significó el retorno del cartismo al Gobierno. También obtuvo la mayoría en ambas cámaras del Congreso. Con el copamiento del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Magistrados se asegura además el control del Poder Judicial, cuyos fiscales y jueces, en su mayoría, están vinculados al coloradismo. Es decir, tiene la suma de poderes.
En contrapartida, la oposición no solo ha sido derrotada electoralmente, sino desarticulada y quebrada moralmente. Empeoró con el transfuguismo de varios elementos que optaron por traicionar la confianza de sus votantes y se cobijaron en la efectiva carpa oficialista. Carece de liderazgos claros, aunque sí se destacan individualidades, femeninas, especialmente.
La disidencia colorada también quedó disminuida y desguazada porque varios de sus miembros se alinearon al oficialismo para mantener sus negocios, cupos políticos o buscando impunidad.
Cualquier presidente de la República soñaría con un escenario de poder absoluto conferido por el poder popular que le asegure gobernabilidad. Lo tiene Santiago Peña, pero no se animó a plantear reformas estructurales porque adolece de un problema fundamental. No tiene el poder real. Su gobierno es bicéfalo. En estos cortos cuatro meses no solo no desarmó las sospechas, sino ratificó que está bajo la tutela de Horacio Cartes, quien como espónsor principal del movimiento y presidente de la ANR, tiene bajo dominio a la mayoría de los legisladores colorados y opositores.
LOS BUEYES CON LOS QUE ARA EL PRESIDENTE. La ANR es medularmente corrupta, prebendaria y clientelar. Y este es el contexto en el que Peña debe gobernar. Cualquier decisión que tome, debe darse dentro de este marco que limita su margen de maniobra.
Esto se demostró con nitidez en sus primeros meses de gestión. Mucho se ha escrito sobre los primeros obstáculos de su gobierno, piedras colocadas por sus propios cartistas. La ANR es un partido con muchas capas y aunque granítica en su disciplina (por ahora), en sus diferentes niveles subyacen luchas de intereses que generan complejas tensiones. Entre ellas, la territorialidad del poder conferida a los caciques políticos que manejan los departamentos como un pequeño Estado. Es lo que le sucedió con Bachi Núñez, virrey de Villa Hayes, y el intento de despojo de las tierras del Ministerio de Defensa para ocupantes vips. Peña se vio obligado a distanciarse de un abuso de poder indignante vetando la ley de expropiación, dejando al líder del bloque cartista con el amargo castigo de su propio presidente.
Otro grave problema son los nexos del partido con el crimen organizado. Cuando aún no asumió el cargo, tuvo el caso del senador Erico Galeano, un hierro caliente que le produjo una tempranera disputa con su bancada.
Los vínculos políticos con el crimen organizado son de larga data. Un exitoso operativo que desarmó una red de armatráfico que involucra a las propias FFAA, y la recuperación de la cárcel de Tacumbú del clan Rotela muestran que cuando hay voluntad política hay resultados. Estos dos episodios muestran una imbricada organización, cuyo desarme requiere de un largo proceso de desinfección institucional. Los operativos son el primer paso; el siguiente es más complejo, porque exige un trabajo coordinado, interinstitucional y rupturas políticas. ¿Está dispuesto el presidente a cortar el suministro más peligroso de la corrupción política, base misma de su poder? De la continuidad del proceso, se sabrá si se anima a meter la mano en ese Estado profundo.
Otra crispación se vivió con el debate del Presupuesto General y los autoaumentos salariales para el Poder Ejecutivo. Peña denunció chantaje de los legisladores, luego bajó el tono del discurso para evitar que el fuego crezca.
Este hecho demostró que tiene un control relativo del Congreso.
Sin embargo, hasta el momento, Peña/Cartes han sabido resolver esas disputas para evitar grietas tempraneras.
SIGA EL BAILE. Al cerrar el año, supuró el cáncer clientelar con la explosión escandalosa de la contratación directa de hijos de legisladores en el Congreso, bajo la denominación de “cargo de confianza” o “asesorías”, un amplio rubro, sinónimo de privilegio con montos opulentos.
Esta corrupción sistémica es la principal causa del país desigual, donde los privilegiados de siempre (políticos y empresarios) manejan el país a su antojo. Para estos casos, no hay operativos Veneratio. No es casual que el presidente de la República eluda esta conversación. Porque al poder real (élites políticas y económicas) le conviene la venalidad del Congreso y de los funcionarios públicos. Es el arma perfecta para mantener el statu quo. Les sale barato pagar por una ley o permitir que destrocen el Estado con la clientela partidaria mientras se embolsan millones de dólares con las amañadas compras públicas. La corrupción política es un buen distractor para los ladrones de guantes blancos que prefieren instituciones débiles, un estado de anemia.
El 2024 se sabrá si el Gobierno, con la suma de poderes, demuestre que usará su mayoría para mejorar las condiciones de la mayoría de la sociedad, o seguirá otorgando privilegios a la casta de siempre, avasallando en el Congreso con sus planes sin permitir discusiones, mientras amenaza con paralizar a la sociedad civil con leyes liberticidas y atacar a fuerza de guerras digitales a la prensa que osa cuestionar su gestión o sus prácticas neofascistas.
¿Será Peña un presidente con impronta propia, o seguirá gobernando en esa nebulosa y peligrosa bicefalia?
¡Feliz y próspero Año Nuevo!
