31 may. 2026

Protección al empleo debe ser la prioridad a corto y largo plazo

El trabajo es la principal fuente de ingresos de los hogares paraguayos. El 85% de los ingresos son laborales, por lo cual la protección de los puestos de trabajo y la calidad de estos deben ser un objetivo de la política pública. Además de los ingresos y la seguridad social, el trabajo provee satisfacción personal y permite la inserción en redes, lo que contribuye a la creación de capital social. En definitiva, el empleo es un pilar fundamental del bienestar individual y familiar, y para el desarrollo del país. En tiempos de pandemia, debe considerarse además como un factor protector de la salud mental y de la esperanza. Es de esperar que el Gobierno plantee soluciones que ayuden a enfrentar la coyuntura, pero que sean el inicio de medidas estructurales de protección al empleo.

El desempleo y la vulnerabilidad laboral limitan cualquier posibilidad de bienestar en los hogares, ya que afecta a la subsistencia económica y a las oportunidades de largo plazo de todos. En Paraguay, los bajos ingresos, la reducida cobertura de la seguridad social, el alto costo de la salud y la educación obligan a las familias a implementar estrategias para ganar el sustento diario.

Entre estas estrategias se encuentra el inicio del trabajo a edades muy tempranas. Muchos niños y niñas trabajan impidiendo su desarrollo personal y poniéndolos en riesgo de violencia. En la adolescencia, conduce a la deserción escolar y a otros problemas que afectan negativamente su proyecto de vida. En las personas adultas, el trabajo precario impide su realización personal y la posibilidad de ofrecer una vida digna a su familia.

En un año de pandemia, frente al aislamiento familiar y social y la pesadumbre que significa enfrentar una enfermedad de la que se sabe poco y puede entrar a la familia afectando a los seres queridos, tener un trabajo seguro se convierte en uno de los pilares de la salud mental, de la esperanza y de la fe en el futuro.

A pesar de su relevancia, el Estado paraguayo históricamente se ha preocupado poco. La creación del Ministerio de Trabajo es reciente y es uno de los más pequeños de la institucionalidad en términos presupuestarios.

La falta de prioridad en este ámbito se traduce en la ausencia de instrumentos fundamentales para ayudar a las personas a contar con una trayectoria laboral productiva y estable a lo largo de toda la edad adulta. Paraguay no cuenta con un seguro de desempleo ni con mecanismos de inclusión a la seguridad social de los trabajadores que se encuentran en la base de la pirámide socioeconómica.

El 65% de los trabajadores se encuentran en ocupaciones informales. La mayor parte de los trabajadores no ganan un ingreso mínimo y si son jóvenes o mujeres, casi ninguno, a lo que se agrega la alta volatilidad de los ingresos de la precariedad de los empleos.

Con estos niveles de ingresos y de inseguridad laboral es casi imposible para los trabajadores pensar en la posibilidad de asegurar su futuro y de financiar el costo de su inserción en cualquier mecanismo público o privado de seguridad social.

La llegada de la pandemia nos encontró con sectores totalmente desprotegidos, a pesar de su relevancia en la generación de empleos y de ingresos. Fue necesario crear programas en medio de un contexto totalmente improvisado e inadecuado para cualquier tipo de diseño de políticas públicas. A eso se agrega el alto costo de las medidas obligando al Fisco a un endeudamiento a largo plazo para enfrentar el corto plazo con medidas mínimas e insostenibles.

El 2021 se vislumbra incierto y con una alta probabilidad de continuidad y profundización de los problemas generados en el 2020. Frente a este problema, es de esperar que el Gobierno plantee soluciones que ayuden a enfrentar la coyuntura, pero que sean el inicio de medidas estructurales de protección al empleo. No habremos aprendido nada si cuando acabe la pandemia volvemos al estadio inicial.