El diputado Daniel Centurión había presentado un proyecto que modificaba el Código Penal con el propósito de evitar que los casos de corrupción prescriban en la Justicia; planteaba el legislador que la corrupción estuviera en el mismo nivel del homicidio, abuso y narcotráfico. “Tiene que tener el estatus del crimen”, declaraba.
La idea general del aumento del marco penal es básicamente desalentar la comisión de hechos de corrupción; y se aplicaría a todos los ordenadores de gastos, intendentes, gobernadores, ministros, funcionarios que utilicen su cargo para beneficiarse de alguna manera de los recursos estatales.
Citaba además la reciente prescripción de una causa sobre un desvío de fondos de casi G. 10.000 millones, en la que se juzgaba por supuesta lesión de confianza a doce personas por un supuesto perjuicio a la Entidad Yacyretá de G. 9.860.000.000. “Cuando pasa el tiempo, llega el plazo que está establecido para la prescripción, muere la causa, y el sinvergüenza bandido se queda con toda esa plata que robó, y encima tiene la posibilidad nuevamente de ocupar algún cargo público a través del padrinazgo político”, explicaba el diputado.
Lamentablemente, el sector cartista de Diputados, más los satélites de la bancada B colorada, la “independiente” y los liberocartistas votaron en contra de la iniciativa que apuntaba a combatir la impunidad. Resulta, pues, claro el posicionamiento sobre una modificación que haría que ningún hecho punible cometido contra el patrimonio del Estado pudiera prescribir, como sucede actualmente, y con demasiada frecuencia.
Con la impunidad que padecemos en Paraguay colabora también la Justicia con las conocidas chicanas judiciales. Como había denunciado la Coordinadora de Abogados del Paraguay en una nota a la Corte Suprema de Justicia, la burocracia, y la lentitud de la justicia, así como la falta de cumplimiento de plazos procesales, decenas de expedientes de escandalosos casos de corrupción pueden quedar impunes. Estos procesos a ex ministros, ex titulares de entes, ex magistrados, ex intendentes y parlamentarios cuestan al erario público más de 9 billones de guaraníes.
La Justicia permite la impunidad con sus chicanas. Recordemos que no inhabilita a los políticos que tienen procesos; por eso siempre debemos citar las elecciones del periodo 2018-2023, cuando fueron electos once congresistas, diputados, senadores y parlasurianos, imputados o acusados por el Ministerio Público por presuntamente cometer diversos hechos de corrupción. Parte de la responsabilidad recae en la Justicia, pero que una acusación de corrupción no importe en el momento de elegir a una autoridad sin dudas corresponde al criterio del elector.
En 2023, el Departamento de Estado de los Estados Unidos había publicado un informe en el que cual resaltaba que la impunidad en Paraguay es endémica entre los funcionarios de alto nivel. El reporte señalaba: “Hubo informes generalizados de corrupción gubernamental en todas las ramas y en todos los niveles, con investigaciones periodísticas y de oenegés que informan sobre casos de malversación de impuestos, evasión, enriquecimiento ilícito, abuso de la confianza pública, documentos falsos y asociación criminal”.
Considerando los alcances, y que, tal como queda gráficamente expuesto, cuando se trata de corrupción pública, la víctima es el pueblo paraguayo. La corrupción debe ser considerada como lo que es: un crimen, un crimen contra la ciudadanía. Por eso debemos dejar de considerarla como un hecho normal o como algo inevitable, pues este camino solamente nos conducirá a socavar los cimientos del sistema democrático.
