La Asociación de Profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica, Campus de Asunción, expresó su apoyo a Cristian Kriskovich, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y del Consejo de la Magistratura.
Los docentes, a través de un comunicado, rechazaron la declaración de la Cámara de Senadores que insta a Kriskovich a renunciar a sus cargos. Refieren que el Senado no puede atribuirse la posibilidad para sugerir o instar en la representación institucional de otro estamento.
“Dicho órgano (Cámara de Senadores) carece de toda atribución para sugerir o instar en la representación institucional de otro estamento, a saber, el de las facultades de Derecho de las universidades privadas, en otros términos, cada estamento solo tiene facultad de instar a quien sea su representante”, mencionan.
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En un segundo punto, el escrito señala que la declaración de los senadores califica como de supuesto acoso sexual, cuando la causa fue desestimada ya en 2015. Agrega que la causa no fue apelada por la denunciante, quedando así juzgada la inexistencia de hecho punible.
Además, la asociación aclara que la investigación por la adulteración y compra de las calificaciones no tiene ningún vínculo con Kriskovich.
“Reiteramos que la calificación de supuesto acoso sexual quedó concluida por AI 423 del 8 de junio de 2015, es decir, hace más de cuatro años atrás, encontrándose en estado de cosa juzgada, mientras que la causa conocida como compra notas sigue sus vicisitudes normales, constantemente entorpecidas por la conducta procesal de los encausados”, añade.
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Este jueves, al pedido del Senado se le sumó la solicitud del Ministerio de la Mujer, que abogó para que Cristian Kriskovich se aparte de su cargo. En el mismo sentir, un grupo de ex alumnas de la promoción 1988 del Colegio Cristo Rey repudiaron la actitud del miembro del JEM.
El caso
El caso data del año 2014, cuando una estudiante de Derecho de la UCA denunció públicamente que el docente de la facultad Cristian Kriskovich supuestamente la acosó sexualmente.
El Ministerio Público calificó el hecho como galanteo y cortejo y la Justicia salió a favor del denunciado en un proceso que fue cuestionado por la defensa y el abogado presentó una contrademanda por daños morales en la que reclamó USD 450.000.
Según la defensa de la denunciante, la denuncia fue desestimada porque el denunciado fue juez y parte de la causa.
Meses después de emprender la denuncia, la estudiante apareció en la lista de alumnos que compraron notas en la Católica, cuya investigación sigue en curso. Ella había declarado que esto fue una represalia y, desde hace pocos días, tiene una orden de captura por esta causa.
Este lunes, el caso volvió a cobrar relevancia luego de que la jueza Lici Sánchez ordenara la captura de la joven y retirara la personería del caso al abogado Martín Barba, quien quedó impedido de acceder a los detalles de la decisión.
