Mientras la ciudadanía padece a diario las consecuencias de la situación de inseguridad y con gran alevosidad se repiten los megaasaltos a entidades bancarias desde el Gobierno se suceden los discursos respecto de fortalecer la confianza ciudadana en la institución policial. La realidad, sin embargo, no muestra avances en los grandes objetivos: reforma de la Policía y reconstruir la confianza.
El presidente de la República entregó hace unos días el bastón de mando al nuevo comandante de la Policía Nacional, César Silguero Lobos, durante una ceremonia realizada en la Academia Nacional de Policía, en la ciudad de Luque. El momento fue propicio para que Santiago Peña nuevamente formulase un discurso que frecuentemente termina confrontándose con la realidad.
Habló de la necesidad de una depuración institucional, hizo advertencias a los agentes que contradigan los principios de la Policía Nacional y expresó la necesidad de fortalecer la confianza ciudadana en la institución policial. Al mismo tiempo, subrayó la depuración institucional, calles seguras para la gente, transparencia, lucha frontal contra el crimen organizado y la modernización de la fuerza policial. Se refirió a las condiciones laborales de los uniformados y a su capacitación: “Un policía seguro, capacitado y comprometido es la mejor herramienta que tenemos contra el delito”.
Esta línea del discurso es precisamente una de los que actualmente choca contra la realidad, y pierde.
Una de las decisiones de este Gobierno fue precisamente promover el egreso acelerado de los agentes ante la presión de la ciudadanía por la situación de inseguridad en la que se vive. Sin embargo, esa no era la solución.
Como decía el criminólogo Juan Martens Molas son numerosos los riesgos del egreso acelerado de suboficiales con escasa preparación profesional y sin el entrenamiento necesario; la decisión se debió sobre todo a una suerte de desesperación por mejorar la imagen y dar una sensación de seguridad.
Lo más grave de aquella decisión ha sido presionar para que la formación profesional dure apenas un año, cuando el periodo de formación era de dos años. Con esto hubo que eliminar muchas materias y aspectos importantes en la formación de los policías. Y, como señalaba Martens, los nuevos policías, denominados exprés, tienen un entrenamiento precario y eso compromete su capacidad para desempeñar funciones de seguridad.
Así, mientras desde el Gobierno la promesa era mayor seguridad para la población, la realidad en cambio es preocupante. Como publicara este diario recientemente, detrás de la breve inhabilitación y posterior reactivación del curso para aspirantes a la Policía Nacional se devela una red de intereses ocultos que deja en evidencia que la formación policial se ha convertido en un negocio.
Sostiene Martens que existe una “industria de los cursillos” en el sector privado. “En este negocio están directamente vinculados comisarios, ex comisarios y profesores del Instituto de Educación Superior (Isepol), con cerca de 20.000 personas presentándose como postulantes y más de la mitad recurre a estos cursillos privados, cuyas cuotas mensuales oscilan entre los G. 400.000 y G. 500.000, llegando incluso a los G. 3.000.000 en la modalidad de internado”.
El profesional se refirió a una investigación sobre Prácticas e identidad policial, financiada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Inecip Paraguay y la Universidad Nacional de Pilar. Dicha investigación documentó que las actualizaciones y capacitaciones obligatorias para el personal policial se han convertido en un sistema de recaudación de dinero y en una “ficcionalización de la capacitación”. Y, al ser virtuales, carecen de indicadores de eficiencia.
“Hay gente que cobra por poner asistencia y gente que cobra por hacer trabajos prácticos”, denunció Martens, y agregó a que en la jerga policial, el esquema es conocido como el kokue, chacra o negocio propio, de algunos comisarios. No se puede dejar de incorporar al análisis el tema de la recaudación. Según la investigación, en una sola sede se pueden recaudar más de G. 100 millones, y ahí hay suficiente motivación.
Con la implementación de la formación exprés para los policías el Gobierno ha intentado incrementar la cantidad de agentes de Policía; sin embargo, está teniendo un efecto contrario pues un programa improvisado como el implementado, en realidad, va contra la profesionalización de la Policía; es un retroceso y al final, la ciudadanía seguirá viviendo cotidianamente la inseguridad.
