27 may. 2024

Procuraduría reclamará desembolso de la póliza del fallido Metrobús

El procurador de la República cuestiona que la póliza fue depositada en una cuenta judicial por Royal Seguros SA, y aguarda la notificación con las documentaciones para solicitar el dinero.

La Procuraduría General de la República reclamará los G. 40.390 millones (USD 6,2 millones) correspondientes a la póliza de seguro del fallido Metrobús, que fueron depositados por Royal Seguros SA a una cuenta judicial.

El procurador Sergio Coscia explicó a ÚH que esperan la notificación con las documentaciones –que deben ser proveídas por Royal Seguros SA– en la que se explique la razón por la cual los recursos de dicha póliza fueron depositados en una cuenta judicial y no directamente al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

“Ellos (Royal Seguros SA) dicen que hicieron una demanda de pago por consignación, desconozco el motivo porque todavía no nos corrieron traslado, no obstante, la póliza, con toda claridad, es a solo requerimiento, por lo tanto, el monto a solicitud de la parte, que en este caso es el MOPC, tiene que ser pagado”, dijo Coscia.

Agregó: “No comprendo por qué lo hicieron de este modo siendo que el MOPC está realizando todos los trámites administrativos previos pendientes a la ejecución, no entiendo por qué lo hicieron por vía judicial y no buenamente se acercaron a pagar”.

Argumento. En una conferencia de prensa realizada ayer por Royal Seguros SA; Sergio Recalde, asesor jurídico de dicha firma, señaló que el proceso de pago por consignación judicial fue realizado en el marco del Art. 584 del Código Civil, donde se permite realizar el pago vía judicial cuando el acreedor fuere desconocido o su derecho resultase dudoso.

Sobre este punto, el procurador de la República indicó que la firma Royal Seguros SA no es parte del arbitraje al cual hoy están sometidos MOPC y Mota Engil, y que ninguna decisión de un Tribunal Arbitral afecta a terceros que no son parte del arbitraje. Con este argumento, Coscia reafirma que el dinero de la póliza debió ser transferido al Estado paraguayo y no a una cuenta judicial.

“En el acuerdo que firmaron el MOPC y Mota Engil, donde se habían suspendido en aquel entonces las obras del Metrobús, estaba específicamente aclarado que no se suspendía ninguna obligación contractual. Eso no implicaba –dice el documento– ningún incumplimiento, el contrato se mantenía, por eso Mota Engil tenía que renovar la póliza, y la falta de renovación de la póliza fue una de las causales de la rescisión del contrato”, explicó el procurador.

Mota Engil, pese a no concluir ni siquiera el 50% de la obra, llegó a percibir USD 30,2 millones, cobrando cerca del 60% del monto del contrato original de USD 54 millones. El costo del proyecto fue inflado posteriormente hasta llegar a USD 70,3 millones.

Debe haber resolución del arbitraje para hacer el pago
Durante su intervención ayer en la conferencia de prensa, el asesor jurídico de Royal Seguros SA, Sergio Recalde, mencionó que, debido a que es dudoso que al MOPC le corresponda cobrar esa póliza de seguro, la aseguradora tiene el derecho, inclusive, a aguardar la resolución del arbitraje para realizar el pago. Sin embargo, el desembolso de dicha póliza ya fue realizado, destaca Recalde.
Sobre el mismo punto, expresó que, recién una vez que el MOPC reúna los requisitos –entre los cuales la aseguradora considera la resolución del arbitraje donde se responsabilice a Mota Engil de la no conclusión de la obra–, se le dará al Ministerio de Obras Públicas el pago correspondiente de dicho seguro.
“Esa es la idea general de la acción que se hizo, pero tiene el efecto de un pago”, afirmó.

Más contenido de esta sección
Demasiados episodios grotescos en una semana como para no dedicarles unas líneas.
Tras las impactantes revelaciones que se obtuvieron con la operación Dakovo, que logró exponer tan explícitamente los alcances del crimen organizado en cuanto al tráfico de armas, sobrevino una situación por de más escandalosa: la implicación de altos militares en actividades criminales. Esta fue sin dudas una dolorosa comprobación del elevado nivel de infiltración del poder mafioso dentro de las instituciones del Estado paraguayo. Además de ser profundamente vergonzoso, esto implica un ataque a la democracia.
El Congreso Nacional rompió récord esta semana con el proyecto de la ley de superintendencia; los senadores tardaron 15 minutos para aprobar; los diputados 11 minutos. En una convulsionada jornada, los diputados también aprobaron ley que suaviza penas para corruptos y los senadores salvaron al cartista Hernán Rivas, acusado de tener un título falso de abogado. Y como les quedó tiempo, también mutilaron la ley de puerta giratoria. Este es el espantoso combo navideño que el Parlamento le ofrece al pueblo paraguayo.
Los impactantes resultados de la operación Dakovo lograron exponer en forma explícita los alcances del crimen organizado en cuanto al tráfico de armas. En nuestro país, logró la detención de más de una decena de personas involucradas en un esquema de tráfico internacional de armas y una nota gravísima, entre los detenidos están un militar de alto rango así como ex funcionarios de la Dimabel. Es muy preocupante la manera en que la mafia y el crimen organizado están socavando nuestra soberanía y nuestra democracia.
No fabricamos armas, pero las comercializamos en cantidad industrial. No producimos cocaína, pero el país es depósito, ruta y puerto de embarque de cantidades industriales que llegan a los principales mercados del mundo.
Eduardo Nakayama abandona el PLRA. Solo y apresuradamente, dicen. Quién sabe. Explica que no ve ninguna posibilidad de que su partido pueda desprenderse de la infiltración cartista. Desde adentro ya no hay nada que hacer, sostiene.