Bajo el patrocinio del procurador general Marco Aurelio González, el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN) oficializó la presentación de una querella adhesiva en la causa por resistencia contra del abogado Walter Ramón Acosta, informó la periodista de Última Hora Liz Acosta.
Walter Ramón Acosta fue imputado por los presuntos delitos de coacción, coacción grave y resistencia, tras agredir a funcionarios mientras verificaban una estación de servicios del emblema 3 Fronteras, en la cual hallaron irregularidades.
La ingeniera Lourdes Sosa Cuevas se llevó la peor parte al ser abofeteada a traición por el hombre que, según las filmaciones, reaccionó de manera violenta y prepotente.
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El abogado permaneció prófugo de la Justicia y litigó desde la clandestinidad para que le revocaran la orden de rebeldía.
Su petición fue aceptada por la Cámara de Apelaciones, cuyos camaristas fueron denunciados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por arbitrariedad en el proceso.
Finalmente, Ramón Acosta se presentó ante el juez Bernardo Silva, quien ordenó su prisión preventiva.
Abogado denuncia injerencia del Gobierno en el proceso
El abogado Mathías Fernández, defensor del abogado Walter Acosta, denunció que su cliente fue enviado a prisión por injerencia política del propio Gobierno, por lo que, según él, se ha distorsionado el proceso.
Su representado denunció que supuestamente la primera dama de la Nación, Leticia Ocampos, llamó al juez Bernardo Silva para que dicte prisión en su contra y amenazó al magistrado con que, si no dictaba la prisión, sería “rajado” del cargo, reportó el corresponsal Edgar Medina.
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De acuerdo con la denuncia, la primera dama habría llamado también al Departamento Judicial de la Dirección Policial del Alto Paraná para exigir que su defendido sea maltratado en el calabozo policial.
Reveló que la víctima de agresión sería comadre de la primera dama y esposa de un político del equipo de Santiago Peña.
Asimismo, sostuvo que el procurador Marco Aurelio González no puede intervenir en el caso, porque la ley orgánica prohíbe la injerencia en causas que no sean referentes al patrimonio del Estado.
