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Prisión domiciliaria preocupa en investigación de crimen en el Chaco

El fiscal Andrés Arriola expresó su preocupación con respecto a los arrestos domiciliarios otorgados a algunos de los imputados en el caso del cuádruple crimen en el Chaco. Señaló que, a su entender, eso puede entorpecer la investigación.

A casi 15 días del cuádruple crimen en el Chaco, ocurrido en la estancia Taguató del distrito de Mariscal Estigarribia, Departamento de Boquerón, el agente fiscal Andrés Arriola reveló este martes avances de la investigación del caso en un contacto con Monumental 1080 AM.

A su vez, manifestó preocupación con respecto a los arrestos domiciliarios otorgados por el Juzgado Penal de Garantías a los imputados. Dijo que esto puede entorpecer las pericias de la Fiscalía ya que la prisión domiciliaria es solo “en papeles” y no hay control sobre ello.

Ocurre que cuando se dio inicio a la investigación, el Poder Ejecutivo promulgó cambios en el Código Procesal Penal, para que el juez de una causa sea quien defina si corresponde o no el otorgamiento de medidas alternativas a la prisión, con el objetivo de reducir los niveles de hacinamiento en las cárceles de todo el país.

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Citó que tienen arresto domiciliario un funcionario de la Senacsa y el abogado Ricardo Emilio Ramírez Caballero, quien arrendaba el establecimiento denominado Ñandejára Mba'e, donde se hallaron 42 animales de clasificación desmamantes, pertenecientes a la estancia Taguató.

La otra parte del ganado había sido localizada en un frigorífico de Belén, en Concepción: 86 vivos y uno muerto. Fueron recuperados 128 en total.

“Para nosotros, tienen que estar en la cárcel”, expuso el representante del Ministerio Público.

Detalles de los avances

Arriola comunicó también que se allanaron un establecimiento y el local del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) en la región chaqueña, en el marco de las investigaciones del crimen de Alcibiades Desiderio Ayala, de 73 años, su esposa Francisca Nidia Núñez Romero, de 71 años, y un nieto y una nieta.

Indicó que con los allanamientos se comprobó que el Senacsa emitió guías originales a un establecimiento que ya no existe desde el año 2015, que es la estancia Santa Rosa. “Solo existía en papeles, en la realidad, no”, afirmó Arriola.

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Añadió que en consecuencia quedó detenido un funcionario, cuya identidad no fue dada a conocer. La Fiscalía lo imputó por producción de documentos no auténticos y asociación criminal.

Refirió que están pidiendo anticipo jurisdiccional sobre los animales incautados y otras licencias; como así también accedieron a nuevos elementos de prueba. Una de las hermanas de los detenidos Carlos Leonor Vera Medina y José Ramón Vera Medina entregó un arma de fuego calibre 22 a la Fiscalía.

“Vino y nos entregó porque dijo que no quiere tener problemas, y esta arma es reconocida por una familiar de las víctimas fatales como pertenencia del difunto. Hay una cantidad de diligencias que hacer todavía, incluso ver con la Dimabel (Dirección de Material Bélico) si está registrado a su nombre”, explicó el representante del Ministerio Público.

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Señaló que todavía quedan testificales de personas claves en la causa y que hay un prófugo. Además, sospechan que hay más funcionarios implicados en la emisión de guías a estancias fantasmas.

A Arriola le consultaron si incluirá en la carpeta fiscal de la investigación la sospecha de abigeato y advirtió que si hay información o indicios de ello, que así lo haría. “Tenemos directiva de arriba de que sea quien sea, vamos a llamar a imputar si hace falta”, aseguró.

Detenidos

En la causa fueron detenidos Vicente Ramírez Acosta, de 40 años, capataz de la estancia, y su esposa Elizabeth Duarte Villalba; el veterinario Juan Casimiro Galeano Núñez, quien habría ideado el presunto abigeato; un ganadero de la zona de Concepción, Aureliano Valiente Duarte; y los hermanos Carlos Leonor Vera Medina y José Ramón Vera Medina.

A ellos se suman Hugo Penayo y Alberto Chamorro, choferes de camiones que sustrajeron ganado de la estancia Taguató; y Ricardo Emilio Ramírez Caballero, abogado que arrendaba el establecimiento denominado Ñandejára Mba'e, donde se hallaron 42 animales desmamantes.

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