La ampliación, según señala la organización liderada por el abogado Enrique Wagener, buscar reforzar la denuncia inicial presentada el 28 de abril. Por el momento, se solicita el urgimiento de la investigación y la asignación de un equipo de fiscales debido a la gravedad de los hechos.
La denuncia original menciona los supuestos hechos punibles de producción de documentos de contenido falso, un supuesto hecho de declaración falsa y de frustración de la persecución y ejecución penal, lesión de confianza y asociación criminal, atendiendo a una supuesta “coordinación para ocultar el desvío de sumas de dinero patrimonio de la Municipalidad”.
En contacto con Última Hora, el abogado confirmó que la ampliación de la denuncia incluye pruebas de supuestas irregularidades, basadas en documentos de los balances presupuestarios municipales de los últimos cuatro años.
Dichos documentos revelan, de acuerdo a Wagener, el supuesto desvío de fondos que debían invertirse en obras de infraestructura. Este dinero habría sido redirigido a gastos administrativos sin justificación. “Por ejemplo, en 2022, de G. 150.000 millones asignados a desagües, solo se ejecutaron G. 30.000 millones”, dice la organización en un comunicado.
Opacidad en la gestión de los bonos G8 y G9
Con la ampliación también se buscará denunciar una supuesta “opacidad” en la gestión de los bonos G8, cuya primera serie fue emitida en 2022 con una tasa de interés anual del 16,85%; y también de los bonos G9 que se aprobaron 2023 con una tasa de interés del 16,80%.
“Una tasa alta no ayuda a la reestructuración. Tenés que pedir una tasa más baja. Ahí nosotros vemos una posible lesión de confianza, porque cuando vas a reestructurar, tenés que buscar tasas más bajas”, refirió Wagener.
“Si la emisión de bonos se usa de manera correcta, es una herramienta válida. Cuando se gestiona con transparencia, se asume que se genera una cuenta específica, no una cuenta única, y se destina a esas obras prioritarias para los ciudadanos. Y se ve eso al año en que se ejecutó el bono”, añadió.
Explicó que la reestructuración financiera de los bonos G9 está estrechamente ligada a la correcta inversión y disponibilidad de los bonos G8. “Necesitás de las dos herramientas para que todo funcione, para que puedas ir calzando las obras para más adelante, pero cuando hiciste la reestructuración y no usaste el G8, no destinaste a esas obras prioritarias, ahí es donde se ve un supuesto hecho punible de lesión de confianza”, observó.
El pasado 27 de marzo, Nenecho encabezó el acto de la palada inicial de las obras de desagüe pluvial de la Cuenca Santo Domingo, por las que ya se pagó un adelanto de G. 14 mil millones y que comenzó luego de casi 3 años de la emisión de los bonos G8. En la ocasión, el intendente anunció que también se realizó un pago de G. 8 mil millones por obras correspondientes a las cuencas de San Antonio y General Santos.
Ambas obras forman parte de un listado de ocho proyectos de desagüe por los cuales se emitieron los bonos G8 por valor de G. 360 mil millones. Parte del dinero de estos bonos se incluyen entre los G. 500 mil millones que fueron desviados por la administración de Nenecho y que motivó a una intervención de la Fiscalía más un informe de la Contraloría.
“Tenemos que el G8 fue para gastos corrientes, violando el artículo 197 de la Ley Orgánica Municipal, y tenemos el G9 que se reestructuró en vano, porque al final vamos a terminar pagando mucho más”, refirió Wagener.
Hasta febrero de este año, solo por los bonos G8 ya se pagaron G. 120 mil millones, y se seguirá pagando, solo por intereses, un total de G. 439 mil millones hasta 2032. Por los bonos G9 ya se desembolsaron G. 51 mil millones, y aún resta pagar unos G. 194 mil millones hasta el 2035.
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Gestión irregular de la Cuenta Única
Un hecho más que se incluirá en la ampliación de la denuncia tiene que ver con el uso que hace la administración de Nenecho de la Cuenta Única, supuestamente basándose en la ordenanza número 175 del 2018.
Wagener recordó que Julio Ullón, ex concejal de Asunción, fue el redactor de dicha ordenanza y que su espíritu original “no era bicicletear préstamos, sino aprovechar que hay demasiados tipos de contribuciones dentro de la ciudad y no esperar a una reprogramación para usar esos fondos, esa era la idea de la Cuenta Única”.
En sus declaraciones a la prensa, el intendente se refiere al uso de la Cuenta Única argumentando que “el dinero es volatil” y que el dinero no está “marcado”.
"¿De qué sirve tener un G. 100 mil? Ese G. 10 mil no está marcado, no es que vos tenés que usar ese mismo dinero. No, vos tenés que tener para responder, (...) vas usando en base a las necesidades”, dijo el jefe comunal en una entrevista reciente con La Unión.
Wagener se refirió a este punto señalando que el dinero no tiene la naturaleza que Nenecho quiere atribuirle. "Él no puede decir que el dinero sea volátil cuando está taxativamente establecido cómo se tiene que utilizar, dónde tiene que ir, qué se tiene que hacer”, subrayó, y añadió que está de acuerdo con la iniciativa del concejal Álvaro Grau (PPQ), quien, en la última sesión de la Junta Municipal, aseguró que se debe “derogar esa ordenanza de una buena vez”.
En el informe publicado en 2024 por la Contraloría General de la República, se concluye que “la normativa legislativa que regula la modalidad de Cuenta Única claramente no puede ser aplicable a un gobierno municipal, en primer lugar, porque en el caso de las municipalidades esa ley está en conflicto con la Ley Orgánica Municipal que prohíbe ejecutar dinero proveniente de la emisión de bonos para pagar gastos corrientes”.
En el mismo informe se evidencia que el ejecutivo municipal realizó pagos de gastos corrientes por un total de G. 492 mil millones con los fondos en la modalidad de Cuenta Única. La Comuna no remitió documentos que respaldaran estos pagos ni tampoco detalló el origen de los fondos o recursos utilizados.
Tras la denuncia del desvío de G. 500 mil millones, el jefe de Gabinete, Nelson Mora, manifestó el 31 de mayo del 2024 que de los G. 500 mil millones que no se rinden en el último balance de 2023, G. 287 mil millones fueron para mantenimiento de vehículos, combustible, alquiler de vehículos, recolectores, cubiertas, seguros, repuestos varios, herramientas, emulsión asfáltica, piedra triturada, uniformes, servicio de transporte y disposición final de residuos.
También dijo que G. 50 mil millones se destinaron en compra de retroexcavadoras, palas mecánicas y G. 155 mil millones fueron invertidos en la reposición de capital e intereses de los bonos emitidos en la actual administración y en las anteriores.
Más hechos denunciados
Entre los nuevos hechos que se prevé denunciar ante la Fiscalía, también se apunta a la falta de transparencia de la Municipalidad por supuestamente incumplir con la obligación de rendir cuentas trimestrales, como se establece en la Ley Orgánica Municipal.
Otro hecho es la supuesta contratación irregular de empresas sin licitación pública durante el año 2024. A estas empresas se habría pagado la suma de G. 50 mil millones bajo “supuestas emergencias no documentadas”.
