El proyecto de ley, presentado a la Cámara de Senadores por el Partido Democrático Progresista (PDP), busca derogar los artículos 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53 y 54 de la Ley 569/75, del Servicio Militar Obligatorio, todos relativos a la tasa militar que establece una obligatoriedad en el pago a los ciudadanos objetores de conciencia.
Lea más: Creen necesario restablecer el servicio militar obligatorio
“Ninguno de los artículos se encuentran siendo aplicados, sin embargo, recientes declaraciones de las autoridades del Ministerio de Defensa dan cuenta de la intención del cobro de dichas tasas militares”, señala el documento que compartió en su cuenta de Twitter el senador Pedro Santa Cruz.
El PDP critica que con esos artículos se reflotó la Ley de 1975, anterior a la Constitución Nacional vigente (1992), que si bien establece la obligatoriedad del SMO, también reconoce el derecho a la objeción de conciencia.
Sobre este último punto, refiere que también figura en el reglamento del 2010 de la Ley 4013, la cual no prevé sanciones pecuniarias sino más bien de otro carácter.
Nota relacionada: SMO: Quieren que objetores de conciencia cobren por servicio prestado
“Son necesarias medidas legislativas que aseguren que los jóvenes paraguayos, ya con escasas oportunidades laborales y educativas, no deban asumir costos financieros por no prestar el Servicio Militar Obligatorio”, manifiesta el escrito dirigido a la Cámara de Senadores.
Los proyectistas informaron que, según proyecciones de la población entre el 2010 y 2014, el porcentaje de personas de 15 a 29 años alcanza al 29% de la población total en Paraguay.
Nota relacionada: Desirée Masi rechaza multa para quienes no hagan servicio militar
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, durante su campaña política, había expresado su interés en “la dignificación del Servicio Militar Obligatorio”, que a su parecer es una herramienta válida para los hijos de aquellas madres en situación de vulnerabilidad, lo que le valió un sinfín de críticas.
A su vez, el ministro de Defensa Nacional, Bernardino Soto Estigarribia, también había hecho referencia sobre el pago de multas cuyo destino sería hacer servicios sociales.
Según la legislación actual, la multa podría superar incluso los G. 30 millones.
