Se trata de Carlos Antonio Martínez, de 27 años, quien, según su hermana Cristina Martínez, comenzó a presentar alteraciones mentales pocos meses después de ingresar al penal, en septiembre del año pasado. Asegura que, con el paso del tiempo, su estado fue empeorando sin que recibiera la asistencia necesaria.
La denunciante afirmó que, pese a los reiterados reclamos de sus padres, les habrían informado que la atención solo podía gestionarse de manera privada y con permiso del juzgado correspondiente. Indicó además que la familia tuvo que reunir dinero prestado, entregado a una abogada, para cubrir supuestos costos que variaron entre G. 300.000 y G. 1 millón.
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El último pedido fue de G. 580.000, que debía entregar este miércoles, cosa que ya no pudieron por carecer de recursos.
“Mis padres son personas humildes y se endeudaron con la esperanza de que mi hermano fuera atendido. Sin embargo, sigue sin recibir asistencia. Ya no quiere comer, no se higieniza y su condición es cada vez más preocupante”, manifestó Cristina Martínez.
La mujer cuestionó el rol de las autoridades penitenciarias y recordó que la atención médica de las personas privadas de libertad es responsabilidad del Estado. Según explicó, su hermano cumple una condena de tres años por un caso de robo que cometió inducido por la adicción.
Llama la atención que la administración penitenciaria a cargo de Juan Andrés Cabral no haya solicitado apoyo a un defensor público para llevar adelante los trámites.
La familia solicita una intervención urgente para que el joven reciba atención médica y psicológica especializada. Mientras tanto, aguardan una respuesta de las autoridades penitenciarias sobre la situación denunciada.
