A través de la abogada Alba María González Rolón promovió recurso de casación contra la resolución del 23 de abril pasado, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Cuarta Sala, y contra el fallo dictado en el juicio oral el 16 de octubre del 2025.
En juicio oral, el precandidato a concejal de Asunción fue sentenciado el 16 de octubre del 2025 por los magistrados Juan Pablo Mendoza, Carlos Hermosilla y Héctor Fabián Escobar, quienes le aplicaron la citada pena, pero con la suspensión de la ejecución de la condena, con la obligación de devolver la suma de G. 330 millones en un plazo de 36 meses.
En su recurso extraordinario de casación solicitan la nulidad absoluta de ambas resoluciones por la vulneración al debido proceso, a la defensa en juicio, a la tutela jurisdiccional efectiva, y a los principios generales de derechos humanos aplicables a personas sometidas al proceso penal.
Señalan en total nueve agravios casacionales, según dicen a los ministros Manuel Ramírez Candia, Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera, integrantes de la Sala Penal de la Corte.
Hablan de la incongruencia omisiva, ya que indican que el Tribunal de Apelación dejó de resolver la pretensión de la defensa. Acotan que plantearon que la sentencia del juicio oral era nula, pero en lugar de resolverlas, los camaristas tomaron parte de sus frases, para sostener que pretendían una nueva valoración de las pruebas.
Alegan que la sentencia del juicio oral era nula porque tenía motivación aparente. Afirman en la causa, la controversia surge de una relación contractual a la compraventa de un vehículo, y que sostuvieron que el querellante sabían las condiciones del contrato, que era un conflicto civil, por incumplimientos recíprocos, pero que esto no fue analizado.
Argumentan que la sentencia era nula porque había una errónea subsunción penal y una criminalización de una cuestión civil. Que, se vulneró la presunción de inocencia y del principio de que en caso de duda debe estarse a favor del acusado.
Además, indican que usaron o consideraron una prueba digital sin garantías suficientes. Que se afectó el derecho a la defensa y dejaron en indefensión procesal, ya que el tribunal no respondió a los cuestionamientos del acusado.
Finalmente, la defensa asegura que existe vulneración del derecho al recurso efectivo, porque no hubo un control real de la sentencia, que no se hizo el control de constitucionalidad ni convencionalidad y requiere costas sobre las nulidades planteadas.
También hace reserva de que irán a tribunales internacionales contra el Estado para la protección de los derechos humanos. Como propuesta de solución, piden la nulidad del fallo del Tribunal de Apelación y del juicio oral.
Ahora, la Sala Penal de la Corte deberá estudiar el recurso extraordinario de casación promovido por la defensa en contra de las dos resoluciones dictadas en el caso.
