La Cámara de Senadores llevó adelante una nueva audiencia pública para el cargo de defensor del Pueblo y defensor adjunto del Pueblo, organizada por la Comisión de Asuntos Constitucionales.
En un momento, Javier Zacarías Irún, titular de la citada comisión, se mostró en contra de la propuesta de algunos postulantes como la promesa de amparos para la resolución de problemas que tengan personas en el ámbito de la salud.
“Con resolver con amparos el problema de la salud de personas que son asistidas por la Defensoría no es la solución. Si hay un problema que se repite es un problema de fondo que la Defensoría debe resolver”, expresó el cartista.
Señaló que el día que un defensor del Pueblo cuente que ya no hubo ningún amparo para resolver la vulneración de derechos de ciudadanos paraguayos será el día que la Defensoría esté funcionando bien.
Postulantes
En primer lugar expuso Pablo Montiel, asunceno, abogado y notario público con especialización en Didáctica Universitaria, de 29 años. Fue jefe del Departamento de Objeción de Conciencia en el 2021; asistente de la Dirección General de Asesoría Jurídica en el 2022-2023; director general de las Personas Privadas de su Libertad y Ámbito de encierro en los años 2023 y 2024. Fue también director de Atención a la Salud de Personas Privadas de Libertad en el 2024.
“He notado que la ciudadanía desconoce la perspectiva penitenciaria de reinserción social. Hay que desarrollar cierto tipo de programas y seguimientos con el fin de reinsertar nuevamente a las personas privadas de libertad. He intentado brindar ayuda de manera particular”, refirió.
“Me di cuenta de que es muy difícil hacerlo desde el sector privado. He notado que existe la necesidad de contar con una institución que apoye y represente ejerciendo la protección de los derechos humanos y que sea conocida a nivel nacional e internacional”, expresó.
Por su parte, Ricardo Balbuena se presentó como abogado, paraguayo oriundo de Villa Hayes, de 39 años. Es oficial de justicia matriculado, también es docente en la UNA Facultad de Ciencias Económicas en la cátedra Régimen Legal de las Empresas. Actualmente se desempeña como asesor jurídico externo de la Municipal de Villa Hayes y como consultor jurídico externo en la Municipalidad de Benjamín Aceval.
“Quiero ahondar en restituir la dignidad del funcionario público y restituir la buena imagen del funcionariado público que ha sido tan atacado últimamente. Mi trabajo se basará en tres puntos: la excelencia en la atención al ciudadano por medio de cursos de capacitación constante para que el ciudadano sea bien atendido enfocado en poblaciones indígenas y personas con discapacidad”, indicó.
“En segundo lugar, trabajaré con diligencia con las personas a mi cargo. Eso significa que cada denuncia o expediente contará con un principio y un fin tras un trabajo excelente. En tercer lugar ahondaré en el trabajo honrado. Eso significa que no habrá planilleros ni ausentismo”, sentenció.
Luego intervino Armando Sanabria, abogado y docente con especialización en Didáctica Universitaria. Fue funcionario durante 8 años de la Defensoría del Pueblo. Actualmente se desempeña como presidente de la Asociación de Abogados de Villa Elisa, organización sin fines de lucro.
“Estuve como asistente en la Dirección General de Conciencia donde me encontré con que muchos de los objetores de conciencia perdían su carnet, entonces tenían que viajar nuevamente a Asunción para gestionar de vuelta. Mi propuesta es digitalizar con un convenio con el Portal Paraguay para que pueda aparecer ahí”, señaló.
“En segundo lugar, seguimiento de amparos de salud. Estuve años atrás en la Dirección General de Trabajo donde hice varios amparos. Y encontré el problema que los amparos no se ejecutan con la mayor brevedad. Propongo hacer un canal con el Ministerio de Salud para cumplir con mayor celeridad los amparos. Lo tercero es que propongo la digitalización de los expedientes de las víctimas de la dictadura”, mencionó.
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Posteriormente, le tocó a Juan Sebastián González, paraguayo, asunceno, abogado de 32 años, notario y escribano público por la UNA. Magíster en Derecho Empresarial por la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente un doctorado en Derecho por la UBA. Actualmente se desempeña como director general de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de la Defensoría del Pueblo.
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“Cuando mil personas llegan con problemas similares representa un problema estructural. Por eso, planteo un sistema de información y análisis en derechos humanos que integre los registros institucionales, la información de las delegaciones y la inteligencia artificial para identificar patrones, mapear vulneraciones y conocer los principales desafíos en cada territorio”, expresó.
El artículo 277 de la Constitución Nacional de la “Autonomía, nombramiento y remoción” establece que el “defensor del Pueblo gozará de autonomía e inamovilidad. Es nombrado por mayoría de dos tercios en una terna propuesta por el Senado y durará cinco años en su función coincidente con el periodo del Congreso. Podrá ser reelecto y podrá ser removido vía juicio político por mal desempeño de sus funciones”.
