El Tribunal de Sentencia presidido por la magistrada Karina Jazmín Cáceres e integrado por las juezas Ana Rodríguez y Adriana Planás, dispuso la postergación del juicio oral para el próximo 8 de julio, a las 10:00, conforme señalaron.
La abogada Mariza Turcato, defensora del acusado Rafael Portillo (quien estaba en el puesto de Control de la ex Detave en Itapúa), no compareció al juicio oral pese a que fue notificada.
Con ello, ante la ausencia de la abogada, el Tribunal de Sentencia entendió que era mejor suspender el juicio oral, antes que iniciarlo sin uno de los procesados, por lo que dispuso su postergación para la próxima semana.
En el caso, el general retirado Ramón Ernesto Benítez y otros acusados que habrían integrado un presunto esquema de coimas en puestos de control a cargo de la Dirección General de Aduanas. El caso data del 2019.
A raíz de los hechos, el Detave fue disuelto y reemplazado por la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (COIA) para asumir las funciones de control y prevención del contrabando tras destaparse el escándalo de corrupción.
La acusación fiscal
En el caso, los agentes fiscales anticorrupción Belinda Bobadilla y Francisco Cabrera presentaron acusación en contra de 19 personas, entre ellas agentes policiales y funcionarios de la ex Detave.
Señalan los delitos de contrabando agravado y simple, establecidos en Código Aduanero y cohecho pasivo agravado. Los hechos se dieron entre el 21 de marzo de 2019 y 28 de abril de 2019, pero existen otros que tuvieron lugar tiempo antes.
Según la Fiscalía, los acusados están vinculados a un esquema de pedidos de sumas de dinero en los procesos de control de mercadería y prevención de contrabando en puestos de control a cargo de la ex Dirección General de Aduanas (DNA).
Supuestamente, estarían vinculados a un esquema de corrupción liderado por el ex titular, Benítez Amarilla, ex coordinador de Detave, quien ya fue acusado por la Fiscalía el 2 de julio del 2020.
La acusación refiere que los involucrados dejaban pasar las mercaderías que no cumplían con las exigencias legales ya sea para su ingreso en el país como para el tránsito.
Según dice la Fiscalía, los funcionarios de la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (COIA) solicitaban a las personas que ingresaban de manera clandestina al país productos frutihortícolas, combustibles, electrónicos, cigarrillos, calzados, ropas, azúcar y otros; sumas de dinero a cambio de no incautar o realizar la denuncia por la introducción al país mercaderías sin cumplir con las exigencias legales. El monto recaudado variaba de acuerdo con las cantidades de los productos e incluso el tipo de producto.
Según la Fiscalía, entre los acusados figuran nueve funcionarios del ex Detave, tres agentes policiales, seis particulares que operaban como secretarios y dos empresarios.
Entre los acusados están Blas Roberto Cabañas, Óscar José Samudio, Alan Javier Núñez, Porfirio Figueredo, Luis Carlos Prudhomme, Carlos Alfredo Caballero, Diego Eduardo González, Baldomero Barrios, Nelson Dani Dielma, Alberto Andriotti y Fredy Gauto.
