Mientras en el mes de julio se reportaron 14.400 focos de calor, que podrían comprender quemas controladas o incendios forestales, al cierre de agosto se registraron 30.281 incendios, más del doble que el mes anterior, según datos del Instituto Forestal Nacional (Infona) divulgados ayer por este diario.
En la capital, la zona de la Reserva Ecológica Banco San Miguel y la Bahía de Asunción fueron en los últimos días los principales escenarios de quemas, que derivaron en incendios de grandes proporciones en plena área protegida. En total ya fueron afectadas cerca de 150 hectáreas por estas prácticas intencionales, según la Municipalidad de Asunción.
Además del gran daño causado a la biodiversidad, la situación también afecta a la calidad del aire generando problemas respiratorios en plena pandemia del Covid-19. Se daña también el suelo porque se quema toda el área orgánica, su principal alimento, según las observaciones de los técnicos del Infona.
Ante las deficiencias de los servicios de recolección de residuos, en la cultura popular campesina se mantiene además el folclórico hábito de amontonar y quemar la basura, o de prender fuego a los campos secos de pastoreo de ganado, o de quemar áreas taladas de bosques para la habilitación de los llamados rozados para nuevas chacras. Muchas veces, estas quemas se descontrolan y producen catastróficos incendios, que afectan a poblaciones y regiones enteras.
Las quemazones no solamente afectan gravemente al medioambiente, destruyendo parte de la vegetación y del ecosistema, y poniendo en riesgo a los animales y los asentamientos humanos, sino que además el hecho de permanecer expuestos al humo resulta tan tóxico para los pulmones como lo que causa fumar tabaco.
La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que los incendios forestales, la quema deliberada de árboles y malezas, y la quema de residuos procedentes de las cosechas o de origen urbano constituyen las fuentes principales de emisiones de carbono negro, elemento contaminante que repercute en gran medida en el cambio climático.
Por ello resulta altamente cuestionable que las autoridades del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) se desentiendan del tema ante los reclamos de la población, alegando que el control de los incendios es responsabilidad de los municipios.
Detener la masiva deforestación y las acciones criminales de las quemas, así como tratar de transformar la nociva cultura incendiaria que sigue vigente en el Paraguay con labores de control y sanción, pero fundamentalmente con educación, son responsabilidad de todos, pero especialmente del Estado.
Al tratar de esquivar el cumplimiento de su función, las autoridades del Mades se vuelven cómplices del crimen ambiental.
