Hay excepciones contadas y reconocidas, y seguramente –Dios quiera– otras muchas anónimas, pero lo concreto es que el grueso de estos políticos han decidido derrochar y malgastar el dinero ajeno, el dinero público, en forma impúdica.
Sí, hacen “vito” con el dinero de la gente y ni siquiera son capaces de reconocerlo o de asumir que están abusando. Sí, ese dinero que proviene de las recaudaciones tributarias; de los impuestos que con esfuerzo y/o compromiso ético o ciudadano lo pagan miles de personas, muchas de ellas, ganando incluso menos del salario mínimo vigente.
Pero los parlamentarios decidieron no escuchar y enviar a todo el país, a todo el pueblo, este mensaje: “Aquí mandamos nosotros. Aquí, nosotros somos la ley y hacemos las leyes como las queremos, y ni siquiera el presidente de la República es capaz de ponernos un límite”.
Mensaje terrorífico para un pueblo que lucha por sobrevivir cada día; donde más del 40% de la fuerza laboral no recibe el salario mínimo vigente; donde los hospitales públicos, además del IPS, permanentemente sufren carencias de insumos y medicamentos; un país donde los enfermos oncológicos tienen que salir a la calle a protestar o suplicar por medicina o el funcionamiento de equipos de terapia.
Los abusos de estos políticos de turno, la mayoría de ellos del Partido Colorado y sus satélites, son numerosos y hasta sorprendentes. Por un lado, de un plumazo, los legisladores decidieron autoaumentarse el salario más de G. 5.000.000 mensuales, mientras que el común de los trabajadores no solo ni sueña con poder autoasignarse ellos mismos siquiera algún G. 10.000 a sus salarios, sino que además deben contentarse con lo que una comisión externa lo decida y que no suele ser más de G. 100.000, con suerte, en cada periodo. Pero estos políticos, muchos de ellos, sin formación académica alguna, ahora ganarán casi G. 39.000.000 mensuales; encima, sin que nadie mida su productividad ni les exija calidad. También tienen jubilación vip, seguro médico vip –pagado por el Estado–, entre otros tantos privilegios.
Por otro, como tienen el objetivo de seguir con prácticas clientelistas y tráfico de influencias, contratando sin concurso de méritos, decidieron ampliar los espacios del Congreso, destinando para ello, más de G. 3.500 millones. Además, sumaron unos 4 millones de dólares al presupuesto para nuevos contratos. ¿Qué funciones cumplirán? ¿Es necesaria la contratación en una institución ya saturada? Las respuestas a estas preguntas no importan en absoluto, señora, señor. Ellos son los “dueños” del dinero de los contribuyentes. Tristemente, es así. Y seguirá así, seguramente hasta que, por algún milagro, Horacio Cartes, líder de la mayoría en el Congreso, les ordene lo contrario y tengan que regular la ambición y la codicia a la que ahora están entregados.
Y lo peor es que sabemos que estas prácticas del Congreso se replican en el Poder Judicial y en los ministerios. Todos se mueven con la misma lógica: Desangrar el Estado a como dé lugar. En este contexto, el presidente Santiago Peña debe ponerse los pantalones y dejar de ser tibio frente a los derroches y abusos de los parlamentarios. Debe exigirles ensimismarse con los sufrimientos y carencias de tanta gente, y él mismo debe ser ejemplo de austeridad.
Es de esperar que estas acciones y la cara de cada uno de estos parlamentarios no sean olvidadas en tiempos electorales y menos aún en el cuarto oscuro. Estos seudopolíticos deben recibir su castigo, deben ser borrados del mapa de las opciones si queremos alcanzar alguna vez un país con mejor educación, salud, transporte y calidad de vida.
