El presidente de la República, Santiago Peña, promulgará el proyecto de ley que elimina la rotación de los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al frente de las circunscripciones, consideradas como “feudos” de los mismos.
El citado proyecto de ley fue aprobado el pasado 9 de diciembre por la Cámara de Diputados y se dio justamente días después de la mentada “reunión secreta” entre algunos de los miembros de la máxima instancia judicial y el jefe de Estado, por lo que, de hecho, todo hace suponer que esta decisión sería una de las consecuencias de dicho encuentro en Mburuvicha Róga, semanas atrás, del cual supuestamente también participó el titular de la ANR, Horacio Cartes, aunque esto fue desmentido categóricamente por el mandatario.
Desde el 2023, se había establecido la rotación de los ministros de Corte cada dos años entre las 18 circunscripciones judiciales a fin de evitar que, como se daba anteriormente, haya ministros que se enquistan en ciertos departamentos del país.
ENQUISTADOS. César Garay Zuccolillo, Luis María Benítez Riera, Eugenio Jiménez Rolón, Carolina Llanes, Alberto Martínez Simón y César Antonio Diesel Junghanns concentran, desde hace años, la superintendencia de los principales departamentos judiciales del país.
Sus trayectorias dentro de la Corte Suprema de Justicia permiten trazar un mapa claro de continuidad territorial que, en los hechos, derivó en la conformación de feudos judiciales.
La superintendencia de departamentos judiciales es una función administrativa asignada por el pleno de la Corte Suprema.
Su carácter es formalmente transitorio y se renueva mediante resoluciones periódicas.
El caso más extendido en el tiempo es el de César Garay Zuccolillo, designado ministro en 2004. Desde entonces, fue asignado de forma reiterada como superintendente de departamentos del Chaco, entre ellos Alto Paraguay, Boquerón y Presidente Hayes. A más de veinte años de su ingreso al máximo tribunal, su presencia administrativa en estas circunscripciones se mantiene sin alternancia estructural, consolidando un control territorial prolongado.
CUESTIONAMIENTOS. La aprobación del citado proyecto de ley fue sumamente criticada por opositores.
El diputado Raúl Benítez se despachó en contra del proyecto y la perpetuidad de los ministros en superintendencias claves que se concentran por lo general en manos de ministros con inclinación al poder.
“Denme un solo argumento válido y que contribuya a la democracia para aprobar este proyecto”, mencionó.
La diputada Rocío Vallejo apeló a la transparencia y dijo que en las presidencias de las superintendencias no debe establecerse el criterio de la perpetuidad y debe alternarse. En tanto que para la diputada Johanna Ortega, la disposición de sometimiento a la Corte es calcado de regímenes dictatoriales que son criticados por el oficialismo.
El hecho generó incluso movilizaciones.
