El comisario César Silguero, jefe del Departamento de Investigación Criminal, informó a Última Hora que las oficinas de Trata de Personas, de Homicidios y de Crimen Organizado del Departamento de Alto Paraná fueron desmanteladas.
“Todo el personal será reorganizado. (Estas oficinas) se desmantelan por completo. Se va seleccionar (el personal correspondiente) para crear esa oficina dependiente de las unidades investigativas. Todo queda a cargo del comisario Hugo Grance, jefe del Departamento de Investigaciones, a fin de poder mejorar el control de las distintas investigaciones”, expresó.
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La decisión fue tomada luego de que una mujer identificada como Reinalda Santacruz Brítez haya denunciado días atrás haber sido víctima de extorsión por parte de seis policías en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná.
Posteriormente, la Interpol de Paraguay emitió un código rojo para la aprehensión de la mujer con fines de extradición, debido a que presuntamente está implicada en el supuesto hecho de trata de personas, con fines sexuales y delitos vinculados a la prostitución.
La detención finalmente se produjo en Presidente Franco, Alto Paraná, y posteriormente, la procesada fue llevada hasta el Departamento de Investigaciones de la capital departamental.
Se trata de la ciudadana paraguaya residente en el país europeo, quien el pasado 3 de noviembre fue aprehendida de forma irregular por agentes que estaban de civil y fue trasladada a bordo de un vehículo particular hasta la base de Homicidios del Área 1 de Ciudad del Este.
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Una vez en el lugar, en esa oportunidad los uniformados supuestamente le pidieron una coima de USD 100.000 a cambio de no ejecutar la orden de captura en su contra, pero finalmente se acordó unos USD 10.000 como pago.
Santacruz debía realizar una transferencia a una cuenta bancaria de uno de los policías, pero el pago no se pudo realizar porque el banco consideró sospechosa la operación y bloqueó el desembolso.
Aparentemente, los agentes mantenían presionando por varios días a la mujer para que abonara el dinero, por lo que cansada de las supuestas amenazas, Santacruz decidió denunciar el caso ante la Fiscalía.
Hasta la mañana de este miércoles se manejaba la información de que la mujer sí contaba con una causa abierta en España, pero se sostenía que no existía una orden de detención.
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En tanto, tras su denuncia e incluso haber relatado ante los medios de prensa cómo fue la presunta extorsión, el caso dio un giro para la mujer, debido a que finalmente se confirmó que sí existía la orden, por lo que se procedió a su detención.
El fiscal Antisecuestro Alberto Torres dispuso este último martes la detención de los seis agentes de la Policía Nacional que están implicados en el hecho y los imputó por la supuesta privación ilegítima de libertad y extorsión.
Se trata de la oficial primera Karina Beatriz Caballero Giménez, subjefa; el oficial ayudante Diego Ayala, el suboficial mayor Éver Aquino, el suboficial mayor Rafael Silvero, el suboficial inspector Hugo Báez y el suboficial segundo Alfredo Báez.
