La normativa es cuestionada por el sector bancario ante un artículo que da potestad al Banco Central del Paraguay (BCP) de pedir la separación estructural de empresas que cumplan varios roles en el sistema financiero.
En la sesión ordinaria del martes último, la Cámara Baja había sancionado el proyecto de ley del Sistema Nacional de Pagos.
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En general, la iniciativa fue apoyada por todos los sectores, aunque se objeta el artículo 4, específicamente, en los incisos e y q.
El primero determina la facultad del BCP de reglamentar, definir y establecer los requisitos aplicables a los distintos roles dentro del Sistema Nacional de Pagos, incluyendo los criterios organizativos, funcionales y de transparencia que correspondan, así como los criterios de vinculación o control de las personas físicas o jurídicas afectadas.
La normativa sostiene que, en caso de que una misma persona física o jurídica –o dos personas distintas, pero vinculadas o controladas– participen simultáneamente en más de un rol dentro del sistema, el BCP podrá exigir la implementación de medidas de separación que aseguren la independencia funcional, organizacional, contable, y en los procesos de toma de decisiones.
Los diputados oficialistas, en mayoría, dieron sanción este martes en sesión ordinaria al proyecto de ley del Sistema Nacional de Pagos, pese a que la oposición pidió la postergación o testar el artículo 4, el cual era cuestionado por la procesadora Bancard y la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban).
Si bien la mayoría de los legisladores se mostró a favor del documento, los opositores pidieron que el tratamiento de la normativa sea aplazado para tener más tiempo de estudiar el artículo cuarto. Los incisos e y q, del artículo 4, fueron los puntos más cuestionados.
Críticas a la ley
En la sesión del martes último, el diputado opositor Raúl Benítez pidió que el estudio del proyecto de ley se postergue, moción que no prosperó.
Según Benítez, la normativa no busca favorecer al mercado, sino que responde a beneficiar a un banco afín al Gobierno.
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“Felicito a Santiago Peña, y no como presidente, sino como gerente de banco. Peña es un buen gerente de banco. Ha logrado que el Instituto de Previsión Social (IPS) le dé fondos a su banca”, manifestó.
Insistió en que el artículo discutido no fue introducido por el BCP, sino que fue agregado por la Presidencia de la República.
“Yo me pregunto si fue (Carlos) Carvallo (presidente del BCP) o el presidente de ueno, o Gustale, que era miembro del BNF, quien introdujo este artículo”, indicó en el debate.
En el mismo sentido, el diputado Freddy Franco mencionó que este tipo de medidas afecta la imagen país ante posibles inversionistas.
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“¿Por qué si nos importa la buena imagen (del país) le limitamos a una empresa a causa de su éxito?”, lamentó, al tiempo de advertir que se trata de una “dictadura financiera, donde también se le golpea al sector empresarial”.
Asimismo, el diputado colorado opositor Mauricio Espínola lamentó que el proyecto no pueda analizarse detenidamente, y pidió más tiempo para abrir el debate.
En tanto que el diputado Miguel Martínez sostuvo no entender el motivo del apuro.
“Sería muy favorable hacer entender bien el motivo de esta discordia y de la inmediatez, más de 40 años ya está (Bancard), pero la premura es en demasía”, alegó.
Entretanto, la diputada independiente Alexandra Zena, por el dictamen en minoría, solicitaba el rechazo de la iniciativa.
“Mi pedido de rechazo es debido a la premura de tratar este tema tan importante. Acá está en juego la inseguridad jurídica”, objetó.
Sostuvo que es previsible que la futura ley podría ser objeto de judicialización debido a la ambigüedad legal, por lo que puede ser atacada por inconstitucionalidad, o bien, presentarse recursos de amparo.
