Para la presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), Liz Cramer, el proyecto de ley del Sistema Nacional de Pagos “es una ley anti-Bancard”, que busca desmembrar la empresa que tiene cerca del 90% del mercado de pagos en el país.
“En síntesis, podrán desmembrar Bancard, básicamente es por eso. Primero, no hay monopolio en Paraguay en esto. Hay tres operadoras en este momento, si no hay más es porque el mercado no da para más, pero no porque nadie le impida venir, pueden venir más también”, detalló en comunicación con Monumental 1080 AM.
Alegó que se miente cuando se dice que hay reglas internacionales para los roles del mercado. “Esta es una ley anti-Bancard. Dijeron concretamente queremos que Bancard baje su participación en el mercado, según su análisis que no tiene un sustento técnico”, comentó.
Dijo que desde Bancard, cuyos propietarios, también 14 bancos, consideran que si le estás dando potestad de destruir una empresa que invierte USD 12 millones al año en innovación tienen derecho a preocuparse, y que el espacio ocupado en el mercado se debe a una inversión en el tiempo, en la eficiencia.
Sostuvo que actualmente ya existe una interoperabilidad entre bancos y tarjetas, y que la única barrera de entrada al mercado es el nivel de inversión que se necesita para operar.
Lamentó las manifestaciones de las autoridades tanto del Banco Central del Paraguay como del Ministerio de Economía y Finanzas con referencia al acaparamiento de la procesadora, y no muestra respeto por su eficiencia e inversión en el sistema financiero, lo que genera desconfianza e incertidumbre.
“Como país que habla de una estabilidad económica, de un sector financiero sólido, de un Banco Central del Paraguay independiente, de unas reglas de juego claras, hoy nos encontramos ante una situación que no responde a esa realidad. Se siente una inseguridad jurídica ante esta normativa”, aseveró.
Asoban pide postergación de estudio
A través de un comunicado, Asoban solicita que el proyecto de ley de pagos, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, sea postergado y se inicie un análisis técnico del proyecto.
“Asoban no se opone a la incorporación de nuevos actores. Lo que se busca es asegurar el respeto a la inversión privada y a la libertad de mercado, en un entorno regulatorio justo, equitativo y libre de privilegios. Considera que no es competencia del BCP introducir cambios estructurales ni desmembrar una empresa, mucho menos adoptar medidas que –bajo pretextos regulatorios infundados– generen ventajas indebidas en perjuicio del resto del ecosistema”, alegan.
Advierte que la incorporación de los incisos e) y q) en el artículo 4 del proyecto de ley, así como su redacción actual, introducen un elevado nivel de incertidumbre jurídica y de imprevisibilidad. Más grave aún, vulneran el principio constitucional de igualdad ante la ley, distorsionan las condiciones de libre competencia y, en consecuencia, restringen significativamente la participación y el crecimiento del sector privado, según detalla el comunicado.
