Según la denuncia, el hecho se registró el día de los comicios generales del 22 de abril pasado, en la escuela Teniente Rojas Silva. Específicamente, el robo de actas se habría registrado en la mesa N° 4.
Así lo informaron agentes policiales de la zona, quienes recibieron el aviso de un miembro de la Junta Cívica quien aseguró que sorprendió a apoderados de la Asociación Nacional Republicana (ANR) en plena sustracción de actas de escrutinio de resultados electorales.
Se trata de Martín Vera González (57) y Arnildo Arriora Funes (50), quienes resultaron aprehendidos por uniformados policiales. En poder de uno de ellos se halló el papel que fue denunciado como robado.
Según Ramírez, lo más grave del tema pasa por el hecho de que la Fiscalía no actuó con celeridad para investigar el caso y que, incluso, un asistente fiscal dispuso que el documento que fue supuestamente sustraído sea devuelto a los apoderados colorados, quienes fueron liberados.
Estos habrían llegado horas después a presentar el acta, alegando que se traspapeló y que en realidad seguía figurando entre las que tendrían que ser enviadas al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para el conteo final de votos.
Denuncia a la Fiscalía
Sobre este tema es que el PLRA exige una explicación, ya que incluso a una semana del hecho y con el juzgamiento de actas de Cordillera concluido, la Fiscalía no investigó lo que se catalogaría como fraude electoral.
Ramírez mencionó el artículo 290 del Código Procesal Penal que establece que la Fiscalía, una vez que tome conocimiento del hecho, tiene seis horas para comunicar al Juzgado de Garantías, lo cual nunca habría ocurrido.
Los liberales están seguros de que en esa mesa había una cantidad de votos importante a favor del PLRA para Gobernación, por lo que exigen a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, que no deje pasar el tema y cumpla con su obligación ante la ciudadanía.
“Pedimos que se nos adjudiquen los 147 votos que nos robaron ahí”, expresó el apoderado.
