Añadió que un planteamiento es cambiar el Código Penal, agregando un nuevo artículo que incremente la pena por hurto o sustracción de energía eléctrica con pena privativa de libertad hasta cinco años. Por ahora, la ley sanciona en su artículo 173, incisos 1 y 4, el robo de energía, determinando la privación de libertad entre dos y tres años “o con multa”.
La intención es que la ley habilite incluso a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) a incautar los bienes de las criptominerías ilegales para que, luego de una sentencia judicial, los adjudique a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), que, por cierto, viene intensificando desde el año pasado las desconexiones de estas minerías de criptoactivos instaladas irregularmente.
“En este momento el artículo 173 del Código Penal es muy amplio, muy ambiguo con respecto al hurto de energía del Estado. Si le robás energía a tu vecino eso es considerado un delito, pero es ambiguo el carácter de Estado, porque no le estás robando la propiedad a una persona física o jurídica, le estás robando a un órgano estatal que sí puede ser considerado como una persona jurídica, pero tiene ciertas clases de repercusiones, ya que la energía es un bien estatal, del pueblo”, subrayó Arriola.
Añadió que el tema es complejo, pero la ANDE necesita apoyo en su combate a las conexiones irregulares, que actualmente representan USD 2 millones de pérdidas mensuales. “Necesitamos ese dinero como país, para los miles de proyectos que no tienen financiamiento, y además porque se crea una competencia desleal para nosotros como gremio”, dijo el directivo tecnológico.
Inversión. “Nuestro gremio invirtió más de USD 300 millones en Paraguay en los últimos tres años, pagamos impuestos, empleamos gente. Estamos trayendo innovación dentro del sector de tecnología, y nos agremiamos para justamente separarnos del estigma que existe en la minería ilícita, que es algo que nos perjudica a todos los paraguayos, no solamente a los mineros”, señaló el titular de la Cámara de Fintech.
