A través de los abogados Martín Barba y Rodrigo Cuevas, la denunciante solicitó que el fiscal Francisco Cabrera presente imputación a la pareja y a la fiscala Sandra Ledesma.
Alegaron que ya hay “suficientes elementos”, no solo de sospecha, sino de “absoluta convicción” que confirme los hechos.
La denuncia es por lavado de dinero, asociación criminal, tráfico de influencias, extorsión, soborno agravado y persecución de inocentes. La causa también salpicó a la hija del matrimonio, Gloria Arévalo González.
Bareiro había hecho la denuncia, como representante de la empresa constructora Rehobot, que tuvo varios contratos de construcción y remodelación desde marzo del 2022 en la casa del legislador.
Pese a los pedidos, no se llegó supuestamente a pagar el monto total de las refacciones en la vivienda ubicada en la ciudad de Lambaré.
El presupuesto total de todas las obras alcanzó un monto total de G. 1.366 millones y parte de esto no se habría saldado.
El 19 de enero de 2024, la firma remitió un telegrama colacionado al matrimonio, emplazándole al pago que adeudaban.
Sin embargo, en febrero de ese año, la reacción de Arévalo y su esposa fue una denuncia por estafa, asociación y actividades peligrosas en la construcción.
La causa, tras varias recusaciones, quedó a cargo de la fiscala Sandra Ledesma, quien –según la demanda penal– “se prestó al juego”, y terminó acusando a Bareiro por los diferentes hechos.
Los chats. La denuncia surgió tras los chats del diputado fallecido Eulalio Lalo Gomes, donde Arévalo fue salpicado porque supuestamente habría recibido pagos por salvar a fiscalas en investigaciones cuando era miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
A raíz de eso, la arquitecta consideró que parte del pago que le hicieron por la construcción en su vivienda, “fue solventado con dinero sucio, proveniente de sobornos, coimas y aprietes desde el JEM”, según la denuncia.
