La forma en la que Enrique Riera pretende gestionar la seguridad interna a través de controles aleatorios a los ciudadanos generó cuestionamientos. El abogado Jorge Rolón Luna indicó que Riera no propone nuevas estrategias y destacó que el principal problema de seguridad en Paraguay es la propia policía.
“Los policías se ven envueltos casi todos los días en problemas delictivos y si se quiere mejorar la seguridad se tiene que apuntar a una profunda reforma policial que tiene que partir de la base de un diagnóstico de la situación institucional”, expresó Rolón.
Manifestó que una reforma llevará mucho tiempo por lo que se debería hacer una depuración.
Por otro lado, precisó que los problemas sociales y económicos son parte del auge de los delitos contra la propiedad. “No se anuncia nada nuevo y ni se va a apuntar a aquellos aspectos que pueden permitir mejorar la seguridad”, indicó.
Sostuvo que los controles aleatorios no están permitidos por ley y el Código Procesal Penal habla de inspección de personas y vehículos que deben darse en ciertas circunstancias.
Para el abogado, las barreras son instancias de extorsión, ya que la Policía no borra del sistema los antecedentes policiales y los utiliza con fines de extorsión contra las personas.
Mencionó que al no permitir cierre de rutas está vulnerando derechos constitucionales porque la Constitución Nacional habilita dichas manifestaciones.
Debilidad institucional. Para la abogada María Esther Roa, la debilidad institucional para controlar la ola de delincuencia y criminalidad imperantes en nuestro país no pueden habilitar al ministro del Interior a dar vía libre a sus subalternos para requerir documentos en la vía pública a un ciudadano sin ningún respaldo argumentativo de parte de la autoridad policial que justifique dicha intervención.
“El ministro Riera esta obligado a respetar nuestra Constitución Nacional, los convenios internacionales que en reiterados fallos han sentado postura sobre los ´controles aleatorios’ y ‘cierres de ruta´, estos fallos son aplicables en nuestro país”, manifestó.
Preguntó “¿cómo puede coartar derechos constitucionales a los ciudadanos con amenazas de cárcel, cuando bien sabemos que Paraguay califica como el segundo país más corrupto de Sudamérica?”. Sostuvo que no sorprende la postura viniendo de Riera y del poder político y calificó como inconstitucional y dictatorial. “Bajo ningún contexto, un ciudadano puede ser molestado por una autoridad, salvo casos en los que existan serios argumentos que puedan justificar esa intervención anormal al requerir la cédula de identidad de forma aleatoria”, aseveró.
Agregó que el nuevo ministro esta dando señales de alerta que deben obligarnos a reflexionar de lo que se viene con este nuevo gobierno y estar preparados para salir a defender nuestra democracia republicana.
