Numerosas administraciones municipales han sido objeto de denuncias, auditorías o investigaciones por el manejo de recursos públicos.
Sin embargo, en muchos casos, los mismos nombres volverán a aparecer en las máquinas de votación durante las próximas elecciones municipales del 7 de junio (internas) y 4 de octubre (municipales).
La lista incluye varios conocidos de la política nacional como Tomás Rivas, Óscar Nenecho Rodríguez, Hernán Rivas (padre) y Patricia Corvalán.
TOMÁS RIVAS. Tomás Fidelino Rivas Benítez, de 50 años, fue diputado en el periodo 2018 - 2023. Actualmente se candidata para intendente de Ybycuí (Paraguarí).
De acuerdo a su Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC), para su candidatura utilizará la suma de G. 80 millones producto de sus ahorros.
Según sus últimas declaraciones juradas presentadas durante su salida de la Cámara de Diputados en agosto del 2023, el político tiene un patrimonio de G. 4.293 millones (USD 657 mil al cambio actual), compuesto principalmente por seis vehículos, entre ellos dos tractores, un camión, dos camionetas y un automóvil por casi G. 2.000 millones y 500 cabezas de ganado vacuno por G. 1.000 millones.
Al ex diputado colorado lo involucraron en el caso conocido como caseros de oro.
La investigación reveló que empleados particulares suyos figuraban como funcionarios del Congreso y cobraban salarios del Estado.
La Fiscalía lo acusó por estafa y cobro indebido de honorarios, luego de comprobar que estas personas no prestaban servicios en la Cámara de Diputados.
NENECHO RODRÍGUEZ. Óscar Andrés Rodríguez Quiñónez, “Nenecho”, se candidata a concejal de Asunción por el movimiento interno del oficialismo que él mismo lidera denominado Orden Republicano.
Rodríguez fue intendente de Asunción en dos periodos consecutivos entre diciembre del 2019 a julio del 2021 y de octubre del 2021 a agosto del 2025.
De acuerdo a su DIGC, el ex intendente utilizará la suma de G. 70 millones en concepto de “remuneraciones percibidas”.
A Rodríguez se lo investiga por la presunta malversación de G. 500.000 millones que recibió la Comuna de Asunción bajo su administración en concepto de bonos. Estos recursos debían ser destinados a obras públicas, no obstante, fueron destinados al pago de salarios de acuerdo al informe final de una intervención realizada el año pasado.
Según sus DDJJ, el patrimonio de Rodríguez asciende a casi G. 260 millones (USD 40 mil) compuesto principalmente por dos automóviles.
Patricia Corvalán. Patricia Adriana Corvalán Gabriáguez, de 40 años, actual intendenta de Quyquyhó (Paraguarí), se candidata a concejal titular de la misma ciudad por el movimiento Honor Colorado de la ANR.
La esposa del diputado cartista Esteban Samaniego informó que solo destinará la suma de G. 1.500.000 para su campaña, dinero que proviene de sus ahorros.
Sus últimas declaraciones juradas las presentó en el 2021 por motivo de su asunción al cargo de intendenta. No obstante, en el documento informó básicamente que no tiene activos, pasivos y por ende tampoco ningún patrimonio.
A la jefa comunal se la acusa de la presunta malversación de G. 1.100 millones de la ya citada Municipalidad.
Corvalán ya lleva dos periodos consecutivos en el cargo de intendenta y busca continuar, ahora como concejal municipal. Ocupa el cargo desde abril del 2018 cuando reemplazó a su pareja Esteban Samaniego, quien se candidató en ese entonces para diputado nacional.
Corvalán fue acusada por lesión de confianza y administración en provecho propio.
PADRE DE HERNÁN RIVAS. Hernán Ysidro Rivas Román, padre del diputado Hernán Rivas, es actualmente intendente de Tomás Romero Pereira (Itapúa). El jefe comunal busca su reelección en las próximas municipales.
De acuerdo a su DIGC, Rivas planea gastar la suma de G. 150 millones producto de su salario en la función pública.
Rivas tiene un patrimonio de G. 1.290 millones según sus últimas declaraciones.
El intendente enfrenta una serie de denuncias por lesión de confianza, asociación criminal y estafa, siendo la primera causa la que sigue avanzando en la Fiscalía, aunque aún sin imputación. El presunto daño patrimonial es de G. 2.000 millones.
SIN SANCIONES. Desde el TSJE aclararon que si algún candidato no haya presentado su DIGC, no representará la aplicación de ninguna sanción.
