Una denuncia formal ante la Contraloría General de la República (CGR) contra la administración del senador Basilio Núñez, titular del Congreso Nacional, fue presentada este viernes por el abogado y funcionario legislativo Rubén Penayo.
El eje central del reclamo exige determinar si el ordenador de gastos vulneró el principio jurídico de autovinculación al apartarse de la Resolución N° 340/2025 y del modelo de control interno MECIP.
De acuerdo con Penayo, “ambas son normas dictadas por la propia presidencia que obligan legalmente a que todo ingreso, categorización y promoción del personal se sustente en la transparencia, el mérito y la aptitud técnica”.
Ante la presunta inobservancia de este bloque de legalidad institucional, el denunciante solicitó una Auditoría Integral de Cumplimiento, Gestión y Control Interno para el periodo entre julio de 2024 y abril de 2026.
La presentación, que da continuidad a las acciones ya promovidas ante la UDEA, expone un exhaustivo análisis técnico de las planillas oficiales que revelan cómo la falta de trazabilidad documental y los indicadores de riesgo sistémico contradicen los estándares fijados por la propia institución.
Lea más: Abogado denuncia que Bachi metió casi 800 funcionarios
Alcance de los contratos
De acuerdo con el cruce de datos, el 56,27% de los ingresantes bajo la actual gestión (447 personas) registran como máximo nivel académico el bachillerato o carecen de datos en sus legajos, a pesar de haber sido ubicados directamente en categorías presupuestarias elevadas.
Asimismo, se detectaron marcadas diferencias salariales en puestos equivalentes, con variaciones que alcanzan una mediana de G. 5.000.000 mensuales y máximas de hasta G. 12.379.500, lo que representa un impacto presupuestario anual estimado en más de G. 9.600 millones.
La denuncia detalla que, en menos de dos años, la estructura funcional creció un 12,85%, mucho de lo cual corresponde a nombramientos permanentes que generan obligaciones financieras estables y de largo plazo para el Tesoro Público.
Por todo ello, se solicita que la CGR realice fiscalizaciones individualizadas y cruces de información con el MEC, el IPS y la DNIT para corroborar la legalidad y la sostenibilidad financiera de la gestión del capital humano en el Parlamento.
Cabe recordar que el 11 de mayo pasado, Penayo había presentado una denuncia ante la UDEA, por los supuestos ilícitos de lesión de confianza, tráfico de influencias, administración para provecho propio, entre otras figuras. Hasta el día de hoy, el Ministerio Público no ha informado si se ha abierto una carpeta fiscal.
