El periodista y abogado Rubén Penayo amplía su denuncia contra el presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, y lo acusó de meter 795 funcionarios desde julio de 2024. Señala que estos números representan un gasto de casi G. 10.000 millones anuales.
Rubén Penayo, quien también es funcionario del Poder Legislativo, entregará hoy más datos de su denuncia presentada ante la Fiscalía en mayo pasado por supuesta lesión de confianza, tráfico de influencias y cobro indebido de honorarios.
En esta ocasión muestra un análisis comparativo de la nómina de funcionarios correspondiente a junio de 2024 y abril de 2026, es decir, antes y después de que Bachi asumiera la presidencia del Congreso Nacional.
En ese sentido reportó 795 entradas institucionales brutas, de las cuales 358 están asignadas al Congreso Nacional y 437 a la Cámara de Senadores.
Estos funcionarios perciben en promedio G. 5 millones más que los antiguos, aunque los picos de disparidad alcanzan hasta G. 12.379.500 en niveles de Profesional I, según Penayo.
Anualmente los pagos de remuneraciones a este plantel significan un gasto adicional de G. 9.653.078.256, pero el funcionario advierte que el posible daño patrimonial podría extenderse hasta más de G. 19.000 millones si se incluyen los dos años que le quedan a Bachi Núñez en la Presidencia. Otro dato llamativo es que aproximadamente el 70% de los funcionarios figuran también en el padrón de la ANR.
No obstante, el denunciante advierte que hay un saldo neto de 259 personas, que se explica por 536 salidas o ausencias registradas en el mismo lapso debido a jubilaciones o no renovación de contratos, entre otros.
