La Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) exigieron al Ministerio Público paraguayo que actúe con celeridad para desmantelar las estructuras de desinformación y hostigamiento contra miembros de la prensa y asegurar que los funcionarios o actores involucrados rindan cuentas ante la justicia.
Las organizaciones se hicieron eco de las denuncias realizadas por el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) que habla de indicios que vinculan de forma directa a sectores del Poder Ejecutivo paraguayo con campañas coordinadas en entornos digitales contra periodistas y medios de comunicación
“Tal como lo expresa el comunicado de nuestra organización afiliada, la gravedad de este escenario se incrementa ante las sospechas de que esta maquinaria de hostigamiento y desinformación digital habría sido sostenida mediante la malversación de recursos públicos”, señalan en un comunicado conjunto.
“La inacción o la impunidad frente a agresiones de esta índole vulneran los derechos fundamentales, debilitan la democracia y violan las obligaciones internacionales que el Estado paraguayo ha suscrito en materia de protección de la libertad de expresión y de prensa”, menciona el documento.
El escándalo surgió tras la investigación que había revelado que Juan Roberto Jimmy Villaverde Emategui estaba ligado a las páginas de ataques, y era funcionario del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), teniendo incluso carnet oficial. El Gobierno Nacional le había negado como funcionario tras las publicaciones y lo trató como un simple “militante colorado” que decidió pagar a una empresa para impulsar una campaña en las redes sociales en contra de periodistas y opositores.
