“El desafío es evitar que ese sinceramiento sea apenas el nombre contable de una transición hacia un Estado con más gasto, más deuda y menos margen fiscal”.
Visto en conjunto, el proyecto de PGN 2027 no es un presupuesto ordinario de expansión de políticas públicas. Es, en buena medida, un presupuesto de sinceramiento de desequilibrios acumulados. El problema es que ese saneamiento se financia en gran parte con deuda y convive con un gasto estructural que sigue creciendo.
El presupuesto asciende a G. 166,3 billones, 11,2% más que el aprobado para 2026. Pero el aumento está muy concentrado: Aproximadamente 76% corresponde al Poder Ejecutivo. El MSPBS aumenta cerca de 79% y el MOPC, 34%, mientras el MEC prácticamente no crece y, en términos reales, pierde participación.
El rasgo distintivo es el reconocimiento de obligaciones que ya existían, pero no estaban plenamente reflejadas en las cuentas fiscales. El Ejecutivo identifica alrededor de USD 1.270 millones en compromisos acumulados y plantea una excepción que lleva el déficit de 2027 hasta 3,9% del PIB. No es gasto enteramente nuevo, ya que una parte relevante corresponde a facturas del pasado que ahora ingresan al presupuesto.
Salud es el ejemplo más claro. El MSPBS pasa a unos G. 18,2 billones. El Ejecutivo atribuye G. 6,3 billones adicionales a compromisos acumulados, financiados con endeudamiento, y otros G. 1,7 billones a medicamentos e insumos. De los cerca de G. 8 billones de aumento, alrededor de 84% proviene de fuentes distintas del Tesoro.
Ahí aparece uno de los puntos más delicados: La dependencia del FF20 y del crédito público. Las autorizaciones ordinarias y extraordinarias de los artículos 88 y 89 suman aproximadamente USD 1.991 millones. El saneamiento de pasivos puede ser necesario, pero financiarlo con nueva deuda, sin embargo, no elimina el problema, lo transforma.
La cuestión central es distinguir las obligaciones atrasadas del gasto que permanecerá. El propio MEF identifica G. 49,7 billones como “gastos rígidos”: Servicios personales, jubilaciones y programas sociales. A ello se agregan presiones salariales no plenamente incorporadas al diseño original. Por eso, el riesgo fiscal no está solo en el déficit excepcional de 3,9%, sino en el piso de gasto con el que se llegará a 2028, cuando se promete volver al 1,5%.
Los ingresos tampoco crecen al mismo ritmo. La presión tributaria continúa alrededor del 11% del PIB, mientras aumentan el gasto corriente, la inversión y el servicio de la deuda. El supuesto cambiario de G. 6.458 por dólar añade sensibilidad, dado que una cotización distinta altera tanto ingresos vinculados al dólar como el costo en guaraníes de la deuda externa.
Hay, además, un problema institucional. En los últimos ejercicios se consolidó una técnica por la cual el Congreso deja de aprobar individualmente ciertas operaciones de crédito y otorga al Ejecutivo autorizaciones amplias para contratar financiamiento dentro de determinados límites. Lo que podía justificarse como excepción frente a emergencias terminó incorporándose al presupuesto ordinario.
Cuanto más depende el presupuesto del crédito público, más importante es quién decide sus condiciones. Esto se vuelve más significativo por tres razones. Primero, porque el presupuesto depende intensamente del FF20 y contempla un volumen extraordinario de endeudamiento. Segundo, porque buena parte de ese financiamiento está destinado a cubrir obligaciones acumuladas y necesidades corrientes, no exclusivamente proyectos de inversión claramente individualizados. Y, finalmente, un poder del Estado resigna expresamente una atribución constitucional a otro.
El PGN 2027 sincera deudas que era necesario reconocer. El desafío es evitar que ese sinceramiento sea apenas el nombre contable de una transición hacia un Estado con más gasto permanente, más deuda y menos margen fiscal.
