El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Derlis León, confirmó que la institución estudia utilizar la subasta pública como mecanismo para desprenderse de parte de su patrimonio inmobiliario improductivo.
El reglamento que permitiría avanzar con la enajenación fue elaborado por la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones y ahora será analizado por la previsional. El inventario titulado alcanza 776 inmuebles, valuados en unos G. 1,9 billones.
El Instituto de Previsión Social (IPS) analiza abrir un proceso de subasta pública de inmuebles improductivos como una alternativa para generar recursos y dar “oxígeno” a las finanzas de la institución, según anunció su presidente, Derlis León, en una entrevista con radio Monumental.
León explicó que existe desde 2023 un marco que permite avanzar con la venta de propiedades del IPS, pero que faltaba la reglamentación correspondiente. Según señaló, la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones ya elaboró esa reglamentación y ahora deberá ser estudiada por la administración del instituto.
“La ley ya del 2023 que nos permite vender las propiedades, pero no está reglamentada. Entiendo que la Superintendencia de Jubilaciones ha llegado a esa reglamentación. Ahora vamos a someter a estudios y es una posibilidad real bajo subasta pública, eventualmente en las condiciones que le convenga a la institución. Ese es un camino verdadero”, afirmó León.
La eventual subasta pondría en movimiento un patrimonio inmobiliario que se fue acumulando durante décadas. El IPS tenía originalmente unos 126 inmuebles en 1992, pero el número creció de manera exponencial tras la crisis bancaria de 1995.
Con el quiebre de entidades financieras, parte de las deudas que mantenían los bancos con la previsional fueron canceladas mediante la entrega de propiedades. Así, el patrimonio inmobiliario del IPS pasó a superar los 1.500 inmuebles, muchos de ellos considerados improductivos y con costos de conservación para la institución.
Actualmente, el inventario titulado comprende 776 inmuebles, cuyo valor estimado ronda los G. 1,9 billones, unos USD 304 millones. Dentro de ese universo se encuentran las propiedades que podrían ser destinadas a procesos de subasta pública.
El Chaco, tierras de IPS y de nadie
La situación de las propiedades del IPS en el Chaco expone la complejidad de administrar este patrimonio. El ex titular de la previsional y actual ministro de Salud, Isaías Fretes, informó ante el Consejo de Administración que concluyó un relevamiento de las tierras de la institución, un trabajo que durante años no se había realizado.
Fretes afirmó que el operativo detectó “irregularidades producto de la desidia” y pidió a León que conozca personalmente el territorio y adopte medidas. “Terminaron la auditoría y el trabajo de las estancias del Chaco. Fue un trabajo enorme, con toque militar, porque fue silencioso”, señaló Fretes durante su intervención ante el Consejo.
El relevamiento involucró a militares, topógrafos y otras instituciones. Según explicó el ex presidente del IPS, las tareas abarcaron un territorio de unos 54.000 km², con apoyo del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), que facilitó drones para el trabajo de campo.
El patrimonio inmobiliario del IPS en el Chaco se estima entre 205.000 y 208.000 hectáreas, principalmente en la zona de Teniente Ochoa, distrito de Mariscal Estigarribia, Boquerón.
Durante años, sobre estas tierras existieron cuestionamientos relacionados con la falta de tasaciones actualizadas, el control efectivo de los inmuebles, su ocupación y la rentabilidad que generan. Parte de las propiedades se encuentran además bajo contratos de arrendamiento de entre 15 y 30 años.
Los antecedentes incluyen contratos con cánones relativamente bajos por hectárea. Por ejemplo, Agropecuaria MR5 SA explota 30.558 hectáreas y paga G. 627 por hectárea al mes, mientras que La Peregrina Agroganadera SA abona G. 675 por hectárea por 5.271 hectáreas. En el caso de RS Agroganadera SA, existen contratos sobre 9.642 hectáreas con cánones equivalentes de entre G. 1.327 y G. 1.642 por hectárea mensual.
También se registraron antecedentes de periodos de gracia superiores a 24 meses, otorgados a cambio de inversiones, además de incumplimientos y conflictos judiciales.
El relevamiento del Chaco adquiere relevancia en momentos en que el IPS analiza una eventual venta de parte de su patrimonio. Antes de poner activos en el mercado, la institución deberá determinar qué propiedades posee, en qué condiciones se encuentran, cuál es su valor actualizado y qué rendimiento generan.
Un patrimonio que perdió valor
Uno de los puntos que León puso sobre la mesa es que las tasaciones históricas ya no necesariamente reflejan el valor actual de los inmuebles. El presidente del IPS sostuvo que las propiedades fueron adquiridas o recibidas en momentos en que se encontraban en condiciones diferentes a las actuales y que, después de años sin mantenimiento adecuado, su valor puede haber cambiado por más de 20 años sin mantenimiento adecuado por deficiencia presupuestaria.
La situación plantea la necesidad de actualizar las evaluaciones antes de avanzar con una eventual venta. De acuerdo con los datos manejados sobre el patrimonio inmobiliario, las propiedades generan actualmente un retorno financiero de alrededor del 0,95% anual, mientras que su conservación representa costos para el instituto.
La discusión también incluye las condiciones bajo las cuales podrían realizarse las subastas. Entre las propuestas de reglamentación se contempla una garantía del 10% del monto ofertado. También se plantearon descuentos de entre 50% y 75% sobre las tasaciones originales en caso de subastas desiertas, una posibilidad que fue cuestionada dentro del IPS ante el riesgo de que los activos terminaran vendiéndose por debajo de valores considerados razonables.
De la prohibición a la posibilidad de venta
El manejo de los inmuebles del IPS arrastra además un cambio legal de larga data. En 1992, la Ley N° 98/92 retiró al Consejo de Administración la facultad de disponer directamente de sus propiedades.
Décadas después, mediante la Resolución N° 077-003/2023, el Consejo autorizó la venta de activos improductivos con el objetivo de destinar los recursos obtenidos al Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones, quedando pendiente la reglamentación necesaria para hacer operativa la medida.
Durante la administración anterior también se planteó que la subasta pública debía ser el mecanismo para la enajenación de los inmuebles improductivos, en lugar de recurrir a ventas directas. Ahora, la administración de León vuelve a poner la posibilidad sobre la mesa.
“Si existe esa posibilidad y la vamos a estudiar para dar oxígeno a nuestras finanzas”, dijo el presidente del IPS.
La eventual operación todavía depende del análisis de la reglamentación, de la actualización de las tasaciones y de la definición de las condiciones bajo las cuales el IPS pondría sus propiedades a disposición del mercado.
