Los líderes campesinos Rodolfo Zalazar, Ernesto Benítez y Sixto Cabrera, miembros de la Coordinadora de Sin Tierras del Norte, fueron detenidos bajo la figura de apología al delito. Su presunto crimen estuvo vinculado al anuncio público de la ocupación de la estancia Lucipar, un latifundio que simboliza la deuda histórica y la conflictividad agraria en Paraguay.
La lucha de estos dirigentes y de la organización a la que pertenecen, no es nueva; se remonta a décadas de reclamos pacíficos y acciones directas para que las tierras destinadas por ley a la reforma agraria cumplan esa función.
Este caso no es un hecho aislado ni mucho menos. Es la expresión más reciente de un patrón sistemático de represión y criminalización de la protesta social que se ha intensificado dramáticamente. Entre diciembre de 2024 y marzo de 2025, la violencia en el campo recrudeció hasta niveles alarmantes. Según un informe detallado de la organización Base Investigaciones Sociales (Base-IS), en ese breve lapso se registraron al menos 16 operativos violentos, que incluyeron desalojos forzosos, ataques policiales desproporcionados e imputaciones judiciales arbitrarias. Estas acciones estatales afectaron directamente a unas 1.400 familias pertenecientes a once comunidades campesinas e indígenas asentadas en los departamentos orientales de Canindeyú, San Pedro, Caaguazú y Caazapá.
La paradoja que envuelve la detención de los líderes de la Coordinadora agrega una capa más de complejidad a este conflicto. La estancia Lucipar, el terreno en el centro de la polémica, no es una propiedad cualquiera. Se trata de un inmenso inmueble que fue decomisado al reconocido narcotraficante brasileño Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca. Actualmente, su administración recae en la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
Según los cálculos de la Coordinadora de Sin Tierras del Norte, existen unas 200.000 hectáreas incautadas a narcotraficantes en el norte del país que, en lugar de permanecer en manos del Estado o ser subastadas, podrían y deberían destinarse de manera prioritaria a la reforma agraria. Esta reivindicación encuentra un sólido respaldo en la Carta Magna.
El Artículo 114 de la Constitución Nacional consagra de manera explícita que la reforma agraria es uno de los factores fundamentales para lograr el bienestar rural, lo que implica promover el acceso a la tierra para las familias campesinas e indígenas que la trabajan.
En este contexto de injusticia estructural, cobra renovada vigencia la reflexión del sociólogo Tomás Palau, quien con aguda lucidez afirmaba que es lógico que una sociedad que es sistemáticamente agredida encuentre, tarde o temprano, las formas de defenderse. La defensa de la que hablaba Palau no es necesariamente violenta; es, sobre todo, la defensa de la dignidad, del derecho a existir y a labrar el propio sustento en un pedazo de tierra.
Mientras el Estado priorice la protección de los intereses latifundistas y la propiedad ociosa sobre el cumplimiento de sus propias leyes y la garantía de los derechos humanos básicos, el conflicto agrario no solo persistirá, sino que se profundizará, dejando a su paso más comunidades perseguidas y más tierra negada.
