Cuando se ejecute el examen de correspondencia que el mismo Santiago Peña le pidió a la Contraloría General de la República, habrá un punto ciego, que es el periodo entre 2017 al 2023, cuando estuvo en el sector privado, y es un tiempo clave, según manifestó el senador Rafael Filizzola.
Antes de ser presidente, Peña manifestó en una entrevista de televisión, en el 2017, que no tenía “ni un peso”, pero apenas asumió en el 2023, su patrimonio, según su declaración jurada, ya había superado los G. 23.000 millones.
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“Un economista que ya llevaba años en el Banco Central del Paraguay, que pasó por el Fondo Monetario Internacional y Hacienda, en el 2017 recién descubrió que invertir en el mercado de valores era un buen negocio al dejar la función pública”, subrayó Filizzola.
El senador sostuvo que analizar ese periodo es un riesgo, por lo que quedó fuera del examen de correspondencia que Peña pidió para dar una respuesta a las dudas sobre su enriquecimiento repentino.
“Para no correr riesgo, ya se anunció de antemano que el periodo 2017-2023 quedará fuera del examen. Algo bastante conveniente, dado que es la etapa que más dudas genera. No obstante, antes de dejar la función pública tuvo su primer movimiento llamativo: en solo 10 días amortizó el 60% de su hipoteca, sin otro ingreso declarado”, comentó el legislador del Partido Democrático Progresista (PDP).
Para el parlamentario, la Contraloría podría profundizar su trabajo entrando a analizar sus inversiones, como por ejemplo, sus movimientos en el sector financiero.
“El portafolio de inversiones (acciones, bonos o fondos) de Peña pasa de rendir 6,4% a 10,5%. Con eso, pasa de G. 944 millones en 2023 a G. 1.462 millones de rentabilidad financiera en 2025, a pesar de haber reducido sus participaciones”, resalta.
La gran incógnita es sin duda cómo el presidente pagó su mansión de San Bernardino, porque no condice con sus ingresos, pero también porque primero construyó la casa, pero el préstamo para pagar la obra lo sacó después.
“Aun con ese nivel de renta, Peña todavía debería demostrar cómo financió su crecimiento patrimonial en inmuebles, ya que un cálculo simple de lo declarado por él mismo nos deja una brecha no explicada. Y eso que aquí tomamos muchos supuestos a su favor”, manifiesta Filizzola.
Se trata sin duda de indicios de inconsistencias contables y patrimoniales relevantes, según el senador, que ameritan una auditoría de flujos de fondos y verificación documental por parte de la Contraloría.
“En un examen riguroso, como mínimo, se deberían analizar los extractos y contratos del préstamo con UENO Bank y Gómez Abente SA, así como los comprobantes de pago, la documentación del rescate de acciones de UENO Holding SAECA (fechas, montos, contrapartes), certificados de depósito en Banco Continental, UENO Bank y otros, para validar valores nominales, revisión de transferencias internacionales a y desde Fund Credit Union (EEUU), facturación y compras registradas por la DNIT, entre otros”, apuntó.
