24 oct. 2025

Peña vendió su camioneta por G. 58 millones más de lo que compró

En la declaración jurada de Santiago Peña se observa que, llamativamente, en 2023 consignó una camioneta con un valor de G. 350 millones, pero en la actualización presentada la semana pasada indicó que ya fue vendida, aunque por un monto de G. 408 millones.

camioneta frente a la casa de Santiago Peña en Trinidad

La camioneta ingresa a la vivienda de Santiago Peña durante una manifestación de jubilados en el 2023.

Foto: Dardo Ramírez.

El presidente de la República, Santiago Peña, hizo figurar en la actualización de sus declaraciones juradas como ingreso anual, 2025, la venta de un vehículo, por un valor de G. 408.100.000.

Lo llamativo es que, en 2023, declaró que su camioneta Toyota Fortuner, que adquirió en el 2021, costaba solo G. 350 millones. Es decir, fue vendida por G. 58.100.000 más, cuando lo usual es que los vehículos usados sean vendidos por menor valor.

declaracion de Santiago Peña en 2023

Declaración de Santiago Peña en el 2023.

Contraloría.

Peña se queda de esta manera sin ningún vehículo propio, por lo que se moviliza en los móviles que le provee el Estado.

Lea más: Fortuna de Peña creció G. 1.456 millones en 26 meses en el cargo

Tras la presión política y mediática por las denuncias de irregularidades en el crecimiento de su patrimonio, Peña decidió presentar una actualización de su declaración jurada y solicitar una “revisión integral” a la Contraloría, como forma de contrarrestar las sospechas, aunque incluso con la documentación, no hay suficiente claridad en cuanto a la fortuna del mandatario.

declaracion de peña en el 2025

Declaración de Santiago Peña en el 2025.

Contraloría.

El presidente fue recientemente denunciado por parlamentarios opositores por supuesto enriquecimiento ilícito y otros delitos, que están a cargo del Ministerio Público.

La nueva declaración de Peña revela un incremento patrimonial de G. 1.456 millones desde que asumió el cargo en el Poder Ejecutivo en el 2023, pero si se compara con la del 2017, cuando dejó de ser ministro de Hacienda, creció G. 26.705 millones solo en ocho años.

La senadora Esperanza Martínez instó al fiscal general Emiliano Rolón Fernández a realizar una trazabilidad de los bienes del presidente para que la ciudadanía conozca cómo se dio su “milagro económico”. Peña además está envuelto en dudas sobre el origen de los sobres con dólares que supuestamente aparecieron en Mburuvicha Róga.

“Fue funcionario público desde los 12 años y a los cinco años se volvió un potentado. Trazabilidad es lo que necesitamos. Es responsabilidad del fiscal general, que no se haga del ñembotavy (del tonto o desentendido, en guaraní). Que no diga que esto ya no es necesario porque ya nos contó todo. Actualizó fuera de tiempo, fuera de la ley”, subrayó.

Más contenido de esta sección
Durante el día de gobierno en la comunidad de Marina Cué, Departamento de Canindeyú, el presidente de la República, Santiago Peña, dejó entrever el desconocimiento de algunos miembros de su gabinete en especial de áreas sensibles como el Instituto Nacional del Indígena (Indi), institución en la que fue nombrado como presidente Hugo Samaniego por parte del vicepresidente Pedro Alliana. Reconoció que consultó a Alliana “quién es ese señor”.
El concejal del PPQ Álvaro Grau decidió renunciar a su candidatura a la intendencia de Asunción, mientras que Agustín Saguier analiza su continuidad, con lo que la interna en la alianza opositora en la capital quedaría entre Soledad Núñez y Johanna Ortega.
El titular del Congreso Nacional manifestó su conformidad con la reglamentación de la denominada ley antionegés o ley garrote, tras casi un año de su promulgación, y defendió el rol de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal.
La investigación patrimonial al jefe de Estado incluye pedidos de informes a casi una treintena de instituciones públicas y privadas, de modo a cruzar datos sobre la polémica fortuna del mandatario.
Tras una llamativa dilación de la Cámara Baja para remitir el polémico proyecto, que trabaría el acceso a la información pública, ya queda en la cancha del Senado. Luego depende del Ejecutivo.