El presidente de la República, Santiago Peña, hizo figurar en la actualización de sus declaraciones juradas como ingreso anual, 2025, la venta de un vehículo, por un valor de G. 408.100.000.
Lo llamativo es que, en 2023, declaró que su camioneta Toyota Fortuner, que adquirió en el 2021, costaba solo G. 350 millones. Es decir, fue vendida por G. 58.100.000 más, cuando lo usual es que los vehículos usados sean vendidos por menor valor.
Peña se queda de esta manera sin ningún vehículo propio, por lo que se moviliza en los móviles que le provee el Estado.
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Tras la presión política y mediática por las denuncias de irregularidades en el crecimiento de su patrimonio, Peña decidió presentar una actualización de su declaración jurada y solicitar una “revisión integral” a la Contraloría, como forma de contrarrestar las sospechas, aunque incluso con la documentación, no hay suficiente claridad en cuanto a la fortuna del mandatario.
El presidente fue recientemente denunciado por parlamentarios opositores por supuesto enriquecimiento ilícito y otros delitos, que están a cargo del Ministerio Público.
La nueva declaración de Peña revela un incremento patrimonial de G. 1.456 millones desde que asumió el cargo en el Poder Ejecutivo en el 2023, pero si se compara con la del 2017, cuando dejó de ser ministro de Hacienda, creció G. 26.705 millones solo en ocho años.
La senadora Esperanza Martínez instó al fiscal general Emiliano Rolón Fernández a realizar una trazabilidad de los bienes del presidente para que la ciudadanía conozca cómo se dio su “milagro económico”. Peña además está envuelto en dudas sobre el origen de los sobres con dólares que supuestamente aparecieron en Mburuvicha Róga.
“Fue funcionario público desde los 12 años y a los cinco años se volvió un potentado. Trazabilidad es lo que necesitamos. Es responsabilidad del fiscal general, que no se haga del ñembotavy (del tonto o desentendido, en guaraní). Que no diga que esto ya no es necesario porque ya nos contó todo. Actualizó fuera de tiempo, fuera de la ley”, subrayó.