El proyecto que Santiago Peña tenía guardado y que se anunció como un cambio “radical” del Fonacide finalmente no pudo salir a luz como estaba previsto. La idea del presidente era centralizar en una sola caja todos los fondos del almuerzo escolar y que sean manejados por el Ejecutivo, específicamente el Ministerio de Desarrollo Social, pero la presión política hizo que haya que retroceder. El ambiente no estaba para confrontar con intendentes y gobernadores que serían despojados de esos recursos.
El peñismo técnico y el cartismo regional no pudieron consensuar. Días antes, el proyecto ya estaba cerrado; el ministro de Educación, Luis Ramírez, quien apoyaba al presidente en su intención de modificar Fonacide, reconoció que existen muchos problemas en el manejo del dinero para la alimentación escolar, y que es necesario que una institución central se ocupe de la administración y el control, pero se retrocedió y, finalmente, la comunicación sobre los detalles de la propuesta fue imprecisa porque todavía quedaba por resolver, ante el cambio, cómo hacer para que un equipo dirija toda la distribución y pueda trabajar a su vez con los intendentes, que son los más reacios al plan de modificación.
La única información oficial la brindó Lea Giménez, jefa de Gabinete de la Presidencia, a un medio del grupo empresarial de Horacio Cartes, dando una versión completamente diferente al proyecto inicial, pero confirmando que el mismo Peña estaría presentando su plan en unas dos semanas, porque todavía quedaban pendientes algunos ajustes antes de derivarlo al Congreso.
Giménez reconoció el fracaso del Fonacide y el almuerzo en más de 10 años de implementación. Indicó que partiendo del informe lapidario de la Contraloría decidieron modificar la ley y crear lo que todavía no deciden si llamar Fonacide 2.0, para evitar la corrupción y hacer que llegue a todos los niños. Negó la intención de centralizar y señaló que están buscando un mecanismo diferente para la entrega, sobre todo en comunidades pobres.
Otro cambio que citó Lea fue la aplicación de la “auditoría recurrente” por parte de la Contraloría, que es el control desde el inicio para que ya no llegue tarde, cuando los alimentos ya se perdieron. También se agrega el castigo, que consiste en retirar el recurso al que no cumple; la mejora de la calidad de alimentos, la creación de un consejo con criterios de nutrición, salud, educación y conocimiento de las comunidades y, finalmente, triplicar el monto inyectado para la universalidad de la nutrición.
Rechazo. El diputado colorado Hugo Meza afirmó que no está de acuerdo con la idea y que centralizar los recursos sería un retroceso.
Por su parte, el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, reaccionó contra las acusaciones de que los jefes comunales hicieron un mal uso del Fonacide y criticó al Ministerio de Educación. “El Ministerio de Educación maneja el 75% de los recursos del Fonacide y sus precios por ración son de G. 15.770. Los municipios manejamos el 25% de los recursos y CDE paga G. 9.995 por ración de almuerzo. Y, al final, nosotros somos los que despilfarramos el dinero”, expresó el esteño.
Actualmente, la alimentación llega solo al 18% de los alumnos del 1 al 9 grado, que serían 229.000 estudiantes, cuando el total es de más de 1.100.000.
El 25% de los recursos de Fonacide van destinados a las gobernaciones y municipios, que se encargan del reparto de los alimentos.
