La promulgación o veto de la ley de control a las organizaciones no gubernamentales está en el centro de atención debido al creciente rechazo hacia el proyecto, no solo a nivel nacional, sino también internacional.
Las organizaciones en Paraguay exigen el veto a la ley y anticipan que se presentarán acciones de inconstitucionalidad e incluso demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por otro lado, Peña pidió a Economía, como órgano técnico, un dictamen sobre el proyecto de ley conocido como el de jubilación vip, sancionado por el Congreso, para decidir si promulgar o vetar.
El proyecto de jubilación privilegiada impulsado por el cartismo es cuestionado por generar una situación de desigualdad entre los ciudadanos comunes y los congresistas, ya que establece que con apenas dos periodos de aporte, es decir, 10 años, los legisladores ya pueden jubilarse, mientras que un trabajador debe tener al menos 55 años de edad y 30 años de aporte en el Instituto de Previsión Social (IPS) para jubilarse con el 80% de su salario.
