El presidente debe dar a conocer una postura clara y firme sobre promover la meritocracia en el Estado. El mismo sector afín a Peña en el Senado mutiló el proyecto de Ley del Servicio Civil que pretende regir para los tres poderes y excluyó al Congreso y al Poder Judicial. Así, seguirán los despilfarros en contratos de nepobabies. Al final, en caso de que en Diputados también se apruebe una ley fragmentada, el Ejecutivo debería vetarla por coherencia a su proyecto inicial. La clase política no debe jugar con la paciencia de la gente.
El esbozo anterior en general no se aplica especialmente con los funcionarios del Congreso Nacional, donde tanto en Senado como en Diputados, los bachilleres ocupan cargos con millonarios salarios solo por ser hijos de parlamentarios, operadores políticos o simplemente amigo de algún congresista. Los nepobabies, nepoloros y nepobachies gozan de buena salud. No hay exigencias de preparación académica, conocimiento del área, más que un buen contacto, un ¡tres hurras! al líder y eso es suficiente.
La clase política sigue al parecer sin auscultar la indignación ciudadana sobre el despilfarro que realizan con el dinero del contribuyente o simplemente a propósito le dan la espalda a la gente para no escuchar sus reclamos porque se creen que con una mayoría oficialista y satélites pueden hacer lo que quieren de los fondos públicos. No deben jugar con la paciencia del pueblo, porque más de una vez ya se han quemado.
En este contexto, el Senado la semana pasada dio media sanción a un mutilado proyecto de Ley de la Función Pública y del Servicio Civil. Fueron excluidos de la normativa, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El Congreso buscará elaborar su propia ley de carrera y, por supuesto, será a la medida de sus intereses. El proyecto inicial del Poder Ejecutivo era que la ley abarque a los tres poderes y que cada uno implemente su reglamentación interna. Sin embargo, el propio sector de la Cámara Alta afín políticamente al presidente Santiago Peña cercenó su proyecto inicial que a tenor del Ejecutivo incentiva el concurso de méritos y aptitudes para acceder a los cargos públicos.
El proyecto del Gobierno, entre otros puntos, contempla la evaluación del desempeño para tomar decisiones sobre ascensos, promociones, movilidad interna, renovación contractual y desvinculaciones. Sin embargo, ya en comisiones del Senado se modificó señalándose que la evaluación de desempeño no podrá ser utilizada para determinar la desvinculación automática del servidor público o para imponer una sanción. Si en la Cámara Baja se confirma el cambio, no habrá ningún tipo de limitaciones para que gente inepta continúe en la función pública. Además, con el proyecto inicial se pretende limitar el alcance de los cargos de confianza, estableciendo que deberán ser cubiertos mediante concurso público.
Tras la decisión en el Senado, el presidente de la República debe dar a conocer una postura clara y firme sobre la necesidad de promover la meritocracia con concursos públicos para los cargos sin excepción de ningún poder del Estado. Hay que superar el clientelismo político o al menos combatirlo. Ya no usar al Estado como un botín político y en eso, Peña debe demostrar su liderazgo.
Cuando hay cuestiones que tanto indignan a la ciudadanía, Peña debe salir a favor de esta porque al final estos contratos millonarios implican derroche del dinero del contribuyente, que él lo debe cuidar como administrador principal de la cosa pública.
Y en caso de que en Diputados también se apruebe una ley mutilada, por coherencia a su proyecto inicial, el titular del Ejecutivo debería vetarla; caso contrario, no tendría ningún sentido su aplicación conforme a su pretensión.
