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Peña cree que juicio político a Miguel Godoy tiene "tinte electoral"

El precandidato cartista a presidente de la República, Santiago Peña, dijo que el intento de juicio político al defensor del Pueblo, Miguel Godoy, tiene un tinte político-electoral.

El presidenciable Santiago Peña defendió la gestión del titular de la Defensoría del Pueblo y dijo que los motivos que se presentaron como causales para el pedido de juicio político son "argumentos subjetivos".

"Creo que hoy las consideraciones que están llevando a hacerle un juicio político, están más vinculadas a un plano político", expresó a Monumental 1080 AM.

De hecho, el único bloque que todavía sale en defensa de Miguel Godoy es el cartismo, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

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"Siento que el debate hoy está más inclinado sobre un motivo político-electoral", insistió el precandidato presidencial del movimiento Honor Colorado.

Acotó que resulta llamativa la iniciativa a meses de las elecciones internas del próximo 18 de diciembre y está convencido de que el defensor del Pueblo no puede ser removido de su cargo a través del juicio político.

Un grupo de diputados opositores presentaron el libelo acusatorio en contra de Miguel Godoy. Documentaron 57 causales, incluyendo 47 denuncias de mujeres por acoso laboral y sexual. Además, hay casos de presunta malversación y cobro indebido.

El pedido fue firmado por los diputados Carlos María López, Tito Ibarrola, Sebastián Villarejo, Kattya González, Rocío Vallejo, Celeste Amarilla, Sebastián García, Renato Ibarrola, Emilio Pavón, Norma Camacho, Ariel Villagra, Enrique Mineur, Eusebio Alvarenga y Teófilo Espínola.

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La encuentrista Kattya González denunció en la víspera ante la Cámara Baja las graves amenazas que recibió ella y otras personas del defensor del Pueblo, Miguel Godoy, enfurecido por tener que afrontar un pedido de juicio político.

Asimismo aseguró en otro momento que también recibió información fidedigna de que se realizaron averiguaciones sobre las características de sus vehículos y los de sus familiares, así como los de los demás firmantes del libelo acusatorio con la supuesta intención de implantarles droga.

El Ministerio Público abrió una investigación este jueves por la denuncia de exacción sobre supuestos aprietes a unos 4.000 objetores de conciencia, desde el 2019, sin estar habilitado legalmente para hacerlo, que había sido presentada por la abogada Diana Vargas, especialista en Derechos Humanos.

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