21 nov 2026

Patria Querida pide a Santiago Peña vetar “ley garrote”

Ante la inminente sanción del proyecto de la denominada “ley garrote”, el Partido Patria Querida (PPQ) recuerda sus inicios como fundación y pide al presidente Santiago Peña que vete la normativa.

Rocío Vallejo

Rocío Vallejo es la única representante de Patria Querida en el Congreso.

Foto: ÚH.

El Partido Patria Querida (PPQ) comentó que tuvo “severas diferencias con algunas organizaciones no gubernamentales” respecto a sus propuestas políticas y que esto, sin embargo, no impide el reconocimiento de una mayoría que realiza una “encomiable labor de beneficencia, apoyo y soporte, incluso a instituciones públicas en distintas áreas”.

También recuerda que el partido y anterior movimiento tienen su origen en la Fundación Patria Querida, desde donde los miembros decidieron avanzar hacia una participación electoral para acceder a los espacios de poder e incidir en la política.

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Teniendo en cuenta este contexto, se pronunció en contra de la “ley garrote” promovida por el cartismo en medio de fuertes cuestionamientos sobre su legalidad. “Para no debilitar nuestra frágil República, el presidente Peña debe vetar esta ley, y los legisladores de la CBI (Comisión Bicameral de Investigación) dejar de usar sus cargos para acallar voces disidentes”, reclamó.

Aunque todavía falta un trámite en el Senado, PPQ pronostica que el documento llegará al Poder Ejecutivo, en vistas de que el cartismo tiene una mayoría aplanadora que acompaña la normativa.

“Manifestamos nuestro rechazo al declarado objetivo de una mayoría en el Congreso de sancionar una ley a sabiendas de su inconstitucionalidad, con el confeso interés de iniciar una persecución política contra determinadas personas”, refiere el partido que tiene como única representante en el Poder Legislativo a Rocío Vallejo.

PPQ afirma que está de acuerdo en la transparencia y control en la utilización de fondos públicos, sean nacionales o internacionales, que tengan como objetivo influir en la política interna. “Pero rechazamos de plano el publicitado interés de ciertos miembros de una comisión de investigación, de utilizar los resortes que el cargo les habilita para acallar voces disidentes”, insistió la agrupación.

El proyecto volvió a la Cámara Alta, donde los legisladores necesitan de al menos 30 votos para ratificar su versión, o bien, aceptar las modificaciones que hizo la Cámara de Diputados a pedido de Santiago Peña.

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