En sesión extraordinaria de este jueves y tras la propuesta de su presidente, César Garay Zuccolillo, el JEM resolvió disponer el desafuero de la agente fiscal Gloria Mabel Rojas Cañete, de la Unidad Penal de Ejecución de Coronel Oviedo, sede fiscal del Departamento de Caaguazú.
La agente fiscal ahora desaforada había sido imputada previamente por cohecho pasivo agravado, por su colega, la fiscala especializada en Delitos Económicos, Silvia González, quien además pidió su desafuero.
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El JEM ordenó “iniciar de oficio el enjuiciamiento por la causal de la comisión de hechos punibles, debiendo quedar suspendido dicho procedimiento, en virtud de lo estipulado en el artículo 13, primer párrafo, de la Ley Nº 6814/2021”.
Además, solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la suspensión en el cargo de la enjuiciada.
Se sospecha que Rojas Cañete participó del pedido de dinero que luego fue incautado en una entrega vigilada en poder del abogado Juan Carlos Bedoya, el 26 de noviembre de este año.
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El caso se había iniciado tras la denuncia del propio acusado Franco Antonio Acosta, propietario de la farmacia que vendió el medicamento abortivo a la pareja de María Fernanda, quien fue asesinada y su cuerpo calcinado, estando embarazada.
La joven de 17 años fue muerta de manera brutal por parte del joven con el que mantenía un tipo de relación sentimental y que derivó en un embarazo.
El motivo aparente del homicidio habría sido que el joven no quería ser padre y que tenía una novia oficial, por lo que intentaron abortar, y al no conseguirlo, tomó la drástica decisión de terminar con la vida de la joven, quien fue hallada en un baldío con parte del cuerpo incinerado.
