El embajador Miguel Ángel Romero fue quien habló en representación del Gobierno de Mario Abdo Benítez esta martes en la 88° Asamblea General de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), realizada en la ciudad de Santiago, Chile.
Recordó que el objetivo de la adherencia a esta organización internacional es lograr un mundo más seguro, “sin embargo, las actuaciones de la Comisión de Control de los Ficheros (CCF) impidieron dar continuidad a un proceso judicial abierto contra ciudadanos paraguayos acusados de la comisión de crímenes comunes”, expresó.
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Consideró que permitir que Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán se movieran con libertad para llegar hasta Finlandia supuso un “trato preferencial” y que los mismos tienen un deudas pendientes con la justicia paraguaya, informó la Cancillería.
“En honor a las actuaciones exitosas a nivel internacional, en las que el Paraguay tuvo activa participación, exhortamos a la Interpol a cumplir con el compromiso de brindar facilidades y cooperación para que el Poder Judicial, libre e independiente, pueda cumplir su misión”, subrayó.
Enfatizó que “la ideología o la política no deben estar jamás por encima de la justicia”.
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La delegación paraguaya estuvo integrada también por el comisario principal Wilberto Sánchez, jefe del Departamento de Interpol de Paraguay, y el primer secretario de la embajada Jorge Díaz.
Romero destacó que lo que llama la atención es que ningún país, ni Interpol, haya tenido en cuenta el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se pronunció a favor del Estado paraguayo, negando que Arrom, Martí y Colmán hayan sido víctimas de violaciones de derechos humanos.
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“La conducta de la CCF se contrapone con uno de los principios fundamentales de la creación de la Interpol de facilitar la lucha contra el crimen organizado y evitar su propagación a través de las fronteras”, refirió Romero.
También indicó que esta “injustificada e irracional conducta” no hace sino menoscabar la credibilidad de la Interpol y generar dudas respecto a su capacidad de cumplir con sus cometidos institucionales.
También ante Acnur
La Cancillería Nacional también presentó protesta por el caso, a través de la Embajada acreditada ante el Reino de España, ante la representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
La reprobación fue manifestada por la ministra Liz Coronel y la consejera Marcela Afara a la representante del Acnur-España, Sophie Muller, y a la responsable de Protección Internacional, Martha García.
Las funcionarias recordaron el secuestro de María Edith Bordón en el año 2001, por el cual están acusados Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, y resaltaron su significancia en la historia criminal de Paraguay.
Las diplomáticas paraguayas manifestaron conocer acabadamente el mandato del Acnur, y que, justamente, la gran preocupación está basada en las informaciones recibidas sobre su activa participación en el caso.
