La buena noticia que el año pasado aportó oxígeno al Gobierno y una brisa de esperanza a la sociedad –la calificación de grado de inversión– se está viendo empañada en estas últimas semanas debido al escándalo suscitado por un informe que revela conversaciones entre autoridades y funcionarios y que apuntan a la presunción de corrupción pública y tráfico de influencias. Si no se aclaran todas las presunciones, las dudas y sospechas, Paraguay tiene pocas posibilidades de ser nuevamente un país confiable.
Tampoco se puede negar que haya una lista de temas pendientes y sin resolver, pero lo importante fue la ventana de positividad que se abrió para el país. La calificación de Moody’s destacaba un crecimiento económico robusto, una mayor resiliencia y diversificación económica, así como también la implementación de una agenda de reformas que logró mejorar la fortaleza institucional.
La calificación de grado de inversión nos dio un respiro respecto a los temas pendientes en la agenda. Debíamos ser conscientes de las reformas pendientes y tan necesarias. La educativa es una de las principales, seguida por la mejora de la salud pública y los indicadores sociales, así como el fortalecimiento de la calidad del gasto público, la optimización de los servicios, la lucha contra la corrupción y la irrupción paulatina del crimen organizado en nuestras instituciones, tal como lo advertían diversos informes internacionales.
En un momento como el que estamos viviendo toda la expectativa y aquellas reformas que ansiábamos se hicieran realidad, parece haber quedado en modo pausa. Tal es la magnitud del caudal de información que ha venido a arrasar nuestra realidad tras ser develado el informe que el juez Osmar Legal había enviado a la Fiscalía.
Con los mensajes hallados en el teléfono del diputado colorado fallecido Eulalio Lalo Gomes, se abrió la caja de los truenos. Nos encontramos ante la presunción de corrupción pública que involucra a un diputado colorado –Eulalio Gomes–, quien fue abatido en un operativo policial, horas después de haber sido imputado por lavado de dinero vinculado al narcotráfico, y con supuestos vínculos con narcotraficantes, con otro diputado colorado, Orlando Arévalo, actualmente renunciante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y funcionarias del Poder Judicial, juezas y fiscalas tramitando favores e influencias, presuntamente.
Estos mensajes entre el diputado fallecido Lalo Gomes con jueces, fiscales y legisladores, que nos hacen presumir de un bien montado esquema de corrupción y tráfico de influencia es, como dice la diputada Rocío Vallejo, un escándalo que pone en peligro al sistema legal del país. “Estamos atentando contra el corazón de la estabilidad en un Estado de derecho, que es la seguridad jurídica”.
Consciente de esta realidad, la legisladora, que antes de ingresar a la política había sido fiscala, admitió que actualmente se hacía evidente que se agravaron las presiones sobre jueces y fiscales. “El crimen organizado decide qué juez se va y qué fiscal se queda. Fui fiscala y no se llegaba a estos niveles”, agregó de forma elocuente.
Sobre el tema, precisamente, Vallejo había propuesto que el Jurado de Enjuiciamiento “deje de ser una institución garrote contra aquellos buenos fiscales y jueces, y dejar de blanquear a los corruptos y sinvergüenzas”.
Es urgente que se tomen decisiones y se asuman posturas firmes, que se asuma que nos encontramos ante una grave crisis que empaña los logros alcanzados, e incluso puede poner en duda el futuro mismo de nuestro Estado de derecho.
