El titular de la Cámara de Senadores, Basilio Bachi Núñez, convocó a una nueva sesión extraordinaria para tratar como único punto el Presupuesto General de la Nación 2025 y excluyó el proyecto de ley que establece el derecho a la presión para las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad social, que tenía sanción automática este jueves.
Se trata de una medida de escapatoria debido a que el oficialismo no estaba de acuerdo con esta normativa, pero se vio acorralado ante la intención que tienen de autoaumentarse sus salarios para pasar a ganar casi G. 39 millones al mes.
Pese a tener todos los números para el rechazo, la Cámara Alta optó por lavarse las manos y tirar el fardo al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.
El cambio de postura se da tras el apoyo de la bancada HC al aumentazo de G. 6 millones para cada legislador en el PGN 2025.
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El proyecto de ley apunta a otorgar una pensión mensual de G. 680.000 a personas con discapacidad. La cifra representa el 25% del salario mínimo legal vigente (G. 2.798.309).
El pleno del Senado, con mayoría cartista, se negó a estudiar la iniciativa tras cuatro postergaciones.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto el 22 de noviembre del 2023, mientras que la Cámara Alta rechazó la iniciativa en mayo del 2024.
El proyecto volvió a Diputados, cuyo pleno se ratificó en su versión el 14 de agosto del 2024.
En la sesión extraordinaria de la víspera, miembros de la bancada de Honor Colorado expresaron su desacuerdo con la iniciátiva, argumentado un informe técnico del Ministerio de Economía sobre la falta de recursos financieros para cumplir con la ley y que podría impactar en otros programas.
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También cuestionaron que la población objetivo no está clara, ya que para el oficialismo hay 34.000 personas con discapacidad. En tanto, el proyectista menciona a 11.000.
Los legisladores colorados sostuvieron, a su vez, que ya reciben un subsidio a través del programa Tekoporã.
Antes de la sesión, el titular del Congreso aseguró que la ley tendría un impacto presupuestario, “porque estamos hablando de USD 350 millones”, por lo que viola la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Trató a los 39 diputados que ratificaron su versión de “populistas” e “irresponsables”.
