La fiscala Alicia Sapriza explicó a Monumental 1080 AM que conforme a la extracción de mensajes del celular del sindicado como narcotraficante, Marcus Vinicius Espindola Marques, existen elementos objetivos bastante importantes y que también se deberán analizar los nuevos elementos incautados tras el allanamiento a la casa de Arnaldo Giuzzio y al Ministerio del Interior.
Sapriza detalló que las conversaciones entre el ex ministro Giuzzio y Vinicius Espindola comenzaron en julio del año 2021 y se extendieron hasta febrero de este año.
En ese sentido, aclaró que la calificación de la imputación es por la presunta promesa de recibir algún beneficio y que las empresas del presunto narcotraficante realizaron servicios a la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, por lo que se investiga cómo se pagaron los servicios.
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1En esa línea también citó que el ex ministro utilizó para vacacionar en Brasil una camioneta de Vinicius Espindola que no se encontraba para alquiler y pertenecía a su esposa, Jussara Cabral, accionista de la Tabacalera del Este (Tabesa) e hija del fallecido César Cabral.
La representante del Ministerio Público dijo que si bien se presentó un formulario y se mencionaba un monto, hasta donde saben el pago nunca se realizó. “No era un vehículo para ser alquilado, era de la esposa”, dijo, conforme a las declaraciones del gerente de la empresa Black Eagle, Blindaje Ombu.
No obstante, en los mensajes se encontraba que Giuzzio reclamaba al brasileño para que pase a cobrar y este le respondió que se estaba equivocando de persona, lo que hace presumir a los investigadores que fue una cortesía.
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La fiscala indicó que se puede presumir de que había intención de Vinicius de proveer chalecos antibalas y vehículos blindados al Ministerio del Interior y la Policía Nacional, y eso también saltó a la luz a través de medios periodísticos, donde se hizo una exhibición de los materiales; posteriormente también se dio una visita de Arnaldo Giuzzio a una de las empresas de Vinicius.
Asimismo señaló que permite sospechar que por los servicios brindados, el ex ministro del Interior habría utilizado rubros distintos a los destinados para la financiación de mantenimientos, blindajes y reparación.
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El ex ministro fue imputado por cohecho pasivo agrado que establece que el funcionario que solicitara, se dejara prometer o aceptara un beneficio a cambio de un acto de servicio ya realizado o que se realizara en el futuro y que lesione sus deberes, será castigado con pena privativa de hasta cinco años.
